Desde el Gobierno de la Región de Murcia se ha rechazado lo que consideran una imposición del Gobierno de España
El traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias o Ceuta hacia otras Comunidades Autónomas comenzará en el mes de agosto, según ha explicado hoy la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia.
Sin embargo, el número definitivo de menores no acompañados y la financiación que recibirá cada Comunidad Autónoma se decidirán en la próxima Conferencia Sectorial, prevista para julio.
Desde Canarias, el Gobierno regional insiste en la urgencia de que el reparto comience cuanto antes, ya que se espera una nueva oleada de llegadas durante el verano, lo que haría insostenible la situación actual. Actualmente, hay 5.685 menores no acompañados en las islas, una cifra que el Ejecutivo canario considera inasumible.
En la reunión de hoy no se ha concretado la financiación para las comunidades receptoras, pero sí se ha aprobado un primer reparto de 22 millones de euros destinado a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, una cantidad que, según la consejera de Bienestar Social de Canarias, resulta totalmente insuficiente.
La ministra Sira Rego ha señalado que se está valorando el número de menores a trasladar y sus destinos concretos, información que se comunicará en la próxima reunión de julio. También ha afirmado que estos traslados serán completamente sufragados por el Estado y estarán acompañados de personal especializado, tal como había solicitado el Gobierno de Canarias.
Aunque el objetivo inicial era comenzar los traslados al inicio del verano, finalmente se retrasarán hasta agosto.
Por otro lado, Rego ha criticado la actitud de bloqueo de algunas comunidades gobernadas por el PP, a las que acusa de "poner palos en las ruedas" del proceso. No obstante, asegura que el procedimiento sigue su curso y confía en que el texto del acuerdo pueda llegar pronto al Congreso de los Diputados.
Desde el Gobierno de la Región de Murcia se ha rechazado lo que consideran una imposición del Gobierno de España en el reparto de menores, ya que, a su juicio, supone una usurpación de competencias autonómicas. Además, califican de injustificable que el Ministerio no considere a Murcia como una zona especialmente afectada por la crisis migratoria. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, recordó que el año pasado la región acogió a 300 menores procedentes de Canarias.
