"Para Pedro Sánchez, los menores inmigrantes son una mercancía, son paquetería exprés", afirma Marcos Ortuño
El Gobierno regional interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el reparto de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un acuerdo "injusto, indigno y sectario", a juicio del portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño.
"Ya está bien, estamos hartos de esos acuerdos bilaterales con los independentistas que nos afectan a todos", señala Ortuño. Murcia no puede acoger a más menores inmigrantes no acompañados porque sus instalaciones están saturadas, argumenta el consejero Ortuño, que ha anunciado el recurso ante el Tribunal Constitucional en la rueda de prensa que ha seguido al Consejo de Gobierno. "Estamos absolutamente desbordados, es una región que tiene presión migratoria propia a través de nuestras costas", indica el portavoz, quien lamenta que el reparto de menores responda a intereses partidistas para contentar a los independentistas catalanes.
El consejero Ortuño señala que el año pasado fueron atendidos más de 500 migrantes menores no acompañados sin recibir para ello ninguna financiación del Estado. Los centros de la Región están saturados. "Para Pedro Sánchez, los menores inmigrantes son una mercancía, son paquetería exprés", afirma.
Desde el Partido Socialista en la Región de Murcia califican la decisión del PP de no acoger más menores migrantes de irresponsable y carente de sentido de Estado. Y aseguran que los populares abrazan la postura de Vox. La portavoz de los socialistas, Isabel Gadea, critica la posición del PP y asegura que no representa a los habitantes de la Región de Murcia. La califica de insolidaria y mantiene que es la misma que defiende Vox.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha enviado este jueves a las comunidades autónomas una comunicación solicitando formalmente la cifra de menores migrantes no acompañados que acogen en la actualidad y los que tenían en 2024. El plazo máximo para enviar los datos es el 31 de marzo y, a partir de ahí, la discusión sobre el reparto final se trasladará a la conferencia sectorial del mes de abril.
Si no hay acuerdo unánime entre las autonomías, se establecerán los criterios recogidos en el decreto ley publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. La norma señala que cualquier comunidad autónoma que multiplique por tres su capacidad ordinaria para atender a esos menores podrá declararse en estado de "contingencia migratoria". Para calcular la capacidad ordinaria, el Gobierno de España utilizará el dato de menores acogidos en 2024 que envíe cada región y aplicará una regla de tres por población, según ha indicado Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.
