La Justicia rechaza el recurso y María Ángeles Túnez irá a juicio por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa
La Justicia ha rechazado el recurso que el Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la alcaldesa de esa localidad, María Ángeles Túnez, habían presentado contra el auto de procesamiento que dicta la apertura de juicio oral contra la propia alcaldesa y el empresario ganadero Juan Jiménez. La primera edil lumbrerense será por tanto juzgada en la Audiencia Provincial de Murcia por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa al haber permitido la ampliación de una granja porcina sin licencia urbanística.
El recurso pretendía declarar nulas las actuaciones amparándose en la existencia de un error material en un auto previo, el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado en abril del año pasado, en el que no había sido incluido el representante legal de la empresa, que había comparecido en calidad de representante de la sociedad. En el auto en el que rechaza este recurso, el juez que ha instruido el procedimiento sostiene que la resolución que se pretende declarar nula fue dictada hace más de diez meses y que, en ese periodo, ni la Fiscalía ni las defensas ni las acusaciones han promovido ningún tipo de iniciativa para aclarar el error que, por lo demás, no podía implicar ninguna vulneración de derechos fundamentales, porque el representante de la empresa nunca fue citado ni tratado como persona física investigada.
El abogado de la acusación ejercida por Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz, explica que esta resolución allana el camino para iniciar el juicio oral en la Audiencia Provincial contra la alcaldesa de Puerto Lumbreras y la empresa ganadera propiedad de Juan Jiménez.
Según el relato de hechos sostenido por Ecologistas en Acción, las instalaciones de esta granja ubicada en El Campillo acogían a unos 10.000 cerdos, pero fueron agrandadas (sin contar con los permisos necesarios) con el objetivo de albergar 60.000, lo que constituye una "alteración sustancial" de las condiciones de la granja y de la licencia con la que podía contar en origen.
