Se suman a las 15 empresas y 7 personas físicas ya citadas dentro del caso Topillo sobre degradación del Mar Menor. Tendrán que prestar declaración entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020
REDACCIÓN. Murcia
El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia cita a otras 26 empresas, de las 80 investigadas, para que presten declaración entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, dentro del caso Topillo sobre degradación del Mar Menor
De acuerdo a una providencia, notificada ayer, serán citados para prestar declaración 52 investigados en total (las empresas, a través del representante designado, y, en su caso, el administrador o administradores, imputados a título personal) comparecerán distribuidos en 18 jornadas (entre el 6 en diciembre y el 12 de enero).
Estos se suman a las 15 empresas y 7 personas físicas citados en una primera providencia, la mayoría de las cuales ya ha prestado declaración. Recordemos que el titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia acordó mantener la unidad de las Diligencias Previas iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía por el deterioro sufrido por el Mar Menor como consecuencia de los vertidos de la agricultura.
En un auto dictado en septiembre de 2018, el magistrado estimaba el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal y Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, y deja sin efecto el desglose de la causa, ordenado en una resolución anterior, para conocer por separado de los supuestos delitos que se imputan a los funcionarios de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a los de la Confederación Hidrográfica del Segura, a 26 empresas agrícolas y a la empresa INSAL.
En las primeras, diligencias se citó a 13 investigados, entre ellos el ex consejero Antonio Cerdá y el ex presidente de la CHS, Salvador Fuentes Zorita. En junio de 2019, practicadas esas declaraciones, el juez dictó auto de sobreseimiento provisional para siete de ellos.
AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 53 EMPRESAS
Días más tarde, también en junio de este año, tras el análisis del contenido de un nuevo atestado en el que señalan determinadas empresas y agricultores individuales que podrían estar realizando vertidos contaminantes por el uso de desaladoras no autorizadas, dañando así espacios naturales protegidos, el magistrado amplía las diligencias por si los hechos fueran constitutivos de un delito ecológico.
La investigación alcanza entonces a 53 empresas agrícolas más (algunas sociedades y otras, empresarios individuales); y el juez, en el citado auto de antes de verano, señala a 142 investigados, ya que, junto a las empresas, como personas jurídicas, se cita también a sus administradores, como personas físicas.
Hasta ahora, se han practicado las declaraciones programadas y está previsto que en abril del próximo año se pueda concluir la toma de declaración de las 80 mercantiles investigadas (79 empresas agrícolas y una de instalaciones eléctricas).
