Díaz (Sumar) acusa a una parte del poder judicial de estar "entregado" al derribo del Gobierno tras la condenar el Tribunal Supremo "injustamente" al fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado esta semana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo, además de apartarle del cargo de jefe del Ministerio Público, podría costarle la expulsión de la carrera fiscal. Según señalan distintos juristas que sostienen que, aunque la condena de inhabilitación a García Ortiz se acote al cargo de fiscal general, cuando pierda dicha condición deberá pedir su reingreso a la carrera, toda vez que ahora se encuentra en "servicios especiales".
Las fuentes consultadas, sin embargo, advierten de que el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) --en su apartado d)-- establece que la condición de fiscal se pierde cuando existe una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". De igual forma, hacen referencia al Reglamento del Ministerio Fiscal, que en el epígrafe d) del artículo 32 fija como causa para la pérdida de la condición de fiscal la imposición de una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso".
Hasta ahora, de la decisión del Supremo solo se conoce un párrafo, el del fallo: "Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años".
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado a una parte del poder judicial de estar "entregado" al derribo del Gobierno tras la condenar el Tribunal Supremo "injustamente" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así lo ha trasladado durante su intervención inicial en la conferencia política de Sumar que se celebra este sábado en Madrid, donde ha asegurado que García Ortiz es un "hombre inocente".
Díaz ha sentenciado que el fallo del Supremo es un "punto de inflexión" dado que el TS ha condenado de forma injusta a un "hombre inocente" y ha provocado un "gigantésco descrédito" del poder judicial que "está más fracturado que nunca" a raíz de esta resolución. Es más, ha agregado que el mensaje que se está dando es que hay sectores del poder económico, mediático y político que están volcados en derribar al Ejecutivo y sostiene que también una parte de la judicatura quiere "hacer caer al mejor Gobierno progresista que tenemos en España".
El Partido Popular ha anunciado que llevará al Parlamento Europeo la condena del Tribunal Supremo. Los 'populares' han enmarcado esta acción bajo la premisa de que el caso constituye "un hecho de máxima gravedad institucional y un serio riesgo para la separación de poderes en España". La vicepresidenta del grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha subrayado que la condena del fiscal general del Estado supone "uno de los episodios más graves que ha afrontado nuestra democracia desde el punto de vista institucional".
En nuestro país el PP también se ha pronunciado al respecto. Han acusado al Gobierno de cruzar "una línea muy peligrosa" al entender que está cuestionando a los jueces "para defender al condenado fiscal". La vicesecretaria de Sanidad y Política Social de la formación ha tachado de "inaceptable" que el Gobierno haya defendido "al corrupto", apuntaba Carmen Fúnez.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado este sábado al Gobierno de permitir que la "derecha política, mediática y judicial asesine civilmente" al fiscal general del Estado para "tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal, la líder de la organización ha enmarcado su discurso en la propuesta dirigida al PSOE para "reventar a la derecha".
Así, ha pasado a desgranar que el primer punto de ese plan debe pasar por la "democratización de la justicia", espacio en el que ha enumerado como puntos la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la modificación en el acceso a la carrera judicial para que "no sean sólo los ricos" los que puedan entrar a la misma y la supresión de los aforamientos. "Basta ya de golpismo judicial, sea contra Podemos, sea contra los independentistas, sea contra los activistas, sea contra el fiscal general del Estado", ha indicado para posteriormente enlazar que, a 50 años de la muerte de Franco, el poder judicial ha sufrido "apenas tímidos cambios" en estas cinco décadas.
