El Gobierno prepara una norma para que las indemnizaciones a las víctimas, que comenzarán el próximo 15 de abril, no tributen en el IRPF
El Gobierno, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han firmado un protocolo para poner en marcha la reparación a las personas víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, en el que no se establecen baremos de indemnización aunque sí "criterios" como la gravedad del abuso, la edad de la víctima, el tiempo de duración o las secuelas. Además, fija el 15 de abril como la fecha para que las víctimas puedan empezar a presentar sus solicitudes.
La firma del protocolo, que llega un mes después de lo previsto por el acuerdo suscrito en enero, ha tenido lugar este lunes entre el ministro Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid.
En rueda de prensa posterior, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha indicado que han excluido expresamente del acuerdo la referencia a baremos. "No se trata de establecer cantidades ni horquillas sino de una propuesta de reparación integral", ha explicado.
Argüello ha indicado que espera que, en Semana Santa, cuando se recuerda la Pasión de Jesucristo, este acuerdo "sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos". En todo caso, ha puntualizado que, desde su experiencia, "hay ámbitos donde la reparación integral es imposible".
Mientras, el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, ha subrayado que siempre es mejor "un acuerdo aunque no sea perfecto que un no acuerdo" y ha destacado que este acuerdo es una buena noticia porque va a "aliviar ese dolor y sufrimiento profundo" de las víctimas. "No las queremos abandonar ni ignorar", ha enfatizado.
Por su parte, el ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enfatizado que "hoy es un día de justicia con esas miles de víctimas que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, a las que no solo nadie las acompañó sino que se puso en duda lo que dijeron y fueron olvidadas".
Bolaños ha apuntado que "el Vaticano es conocedor del acuerdo" y ha agradecido el "impulso" de la Santa Sede para la firma. "Ha habido conversaciones incluso este último fin de semana y la semana pasada, que estuvimos acompañando a sus Majestades los Reyes en la visita que hicieron al Papa León XIV, tuvimos la oportunidad de trasladárselo no solo al Papa sino también al cardenal Parolín", ha revelado.
Sobre las indemnizaciones, ha precisado que no se han incluido cantidades concretas "porque cada caso se va a estudiar en detalle" por parte de los expertos del Defensor del Pueblo y del Plan Priva de la Iglesia.
En cualquier caso, ha matizado que el convenio sí establece los criterios a tener en cuenta para establecer las compensaciones económicas como la gravedad del daño o la reiteración. "La reparación justa no debe estar determinada por una cifra ni mínima ni máxima", ha remarcado Bolaños. Además, ha puntualizado que "la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo" y la Iglesia deberá abonar la cantidad que se decida.
En este sentido, también ha indicado que las víctimas que acudieron al Priva podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron "ha de ser mejorada, complementada, superada". En este punto, el presidente de la Conferencia Episcopal ha precisado que también podría ocurrir que se decidiera que la indemnización fuera inferior a la planteada por el Priva.
"Y si ocurriera que fuera a disminuirse, ¿qué pasaría? No. Vamos a ponernos de acuerdo y a hacer las cosas bien. Fíjese, en nuestro ánimo no está el decirle a alguien, te hemos dado de más, devuélvenoslo. No, no es ese nuestro estilo. No es eso lo que queremos hacer. Porque si abrimos el melón, como se dice en la jerga periodística, lo abrimos para todo, para más o para menos, pero no porque eso sería, además, poner el acento en los euros. Y esto es otra cosa. No es un asunto de dinero", ha señalado Argüello.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha congratulado por el acuerdo —una "necesidad ética y política"— y ha aclarado que este sistema "no es un mero trámite burocrático ni es una ventanilla bancaria ni un proceso cosificador" sino "flexible, personalizado, profesional y humano" que "exige reconocimiento a la víctima" y reconocimiento de "la grave falta" cometida.
El protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación—que implicará una modificación de la estructura del Ministerio, según Bolaños— que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes y el recabado de los informes necesarios.
El Defensor del Pueblo, por su parte, constituirá una Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo, con un equipo de expertos independientes, la evaluación individualizada de las solicitudes. Una vez escuchadas las partes, deberá elaborar en el plazo de tres meses una valoración de reconocimiento o denegación de la solicitud, incluyendo "la reparación pertinente, ya sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica", tal y como reza el protocolo.
Posteriormente, la Comisión Asesora del Priva estudiará la valoración del Defensor del Pueblo y dará su criterio en un plazo máximo de dos meses. A continuación, la persona solicitante tendrá 15 días para dar su conformidad o formular alegaciones.
En caso de que exista disconformidad, el caso volverá al Defensor del Pueblo que deberá analizarlo en 15 días y convocará a la Comisión Mixta, una comisión compuesta por nueve miembros —uno a propuesta del Gobierno, dos a propuesta de la CEE, dos a propuesta del Defensor, y dos representantes de las víctimas— que tendrá como objetivo "alcanzar, por consenso, un acuerdo". Si aun así no se logra, el Defensor del Pueblo y la Iglesia deberán hacer un último intento de consenso en el plazo de un mes y, en caso de persistir la disconformidad, el Defensor será quien tenga la última palabra y la Iglesia deberá cumplir con la reparación.
"No crea que a mí me causa emoción esto de tener la última palabra", ha aclarado Gabilondo, al tiempo que ha añadido que espera que no sea necesario discernir si en última instancia no hay posibilidad de acuerdo. No obstante, ha concretado que ejercerá su "responsabilidad" con "toda naturalidad pero después de haber trabajado hasta la extenuación para buscar el acuerdo". Además, se ha mostrado seguro de que, una vez que se pongan a trabajar, se va a concretar "a una velocidad extraordinaria".
Sobre la ausencia de indemnizaciones económicas concretas en el texto, el Defensor ha defendido que sí se incluyen criterios porque "no es lo mismo que los abusos fueran en una persona de 6 años que en una persona de 17".
También ha concretado que evitarán "duplicidades", en referencia a los casos de personas que ya recibieron una reparación de la Iglesia, pero ha añadido que podrán acudir al Defensor y harán "una propuesta complementaria". De hecho, ha apuntado que en el formulario de solicitud de reparación deberán indicar "institución, fecha y cantidad" que recibieron.
Preguntado por la investigación de abusos fuera de la Iglesia católica, Gabilondo ha abogado por "abrirlo a otros ámbitos" y ha destacado que ya están trabajando en un estudio sobre abusos a menores tutelados. Asimismo, ha apuntado que podrían abrirse "otros cauces" a través de la Ley de infancia (Lopivi). En todo caso, ha insistido en que esto no es "un juicio" a la Iglesia católica aunque sí considera que se le puede pedir "una especial ejemplaridad".
El Gobierno está trabajando en una norma con rango de ley para que las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial estén exentas de tributar en el IRPF, según ha anunciado este lunes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
"El Gobierno está ya trabajando en llevar a cabo, aprobar, una norma con rango de ley donde estas exenciones fiscales para víctimas que perciban o hayan percibido indemnizaciones no tengan que tributar por IRPF, vamos a hacer el trabajo y en unas fechas razonablemente tempranas podremos aprobar esa norma con rango de ley", ha avanzado Bolaños.
