El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, dice que "las medidas lejos de solucionar el problema, han contraído la oferta, disparado los precios y protegido a los okupas"
El Partido Socialista propone declarar las zonas tensionadas en la Región o aumentar las deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler para facilitar el acceso a la vivienda. Son medidas en materia de alquiler que se suman a las ya presentadas a finales del año pasado para favorecer la compra de una casa. Juntas conforman un decálogo que el secretario general Francisco Lucas va a enviar al Gobierno regional.
Las medidas para favorecer el alquiler pasan por "aplicar la Ley Estatal de Vivienda y declarar las zonas tensionadas en la Región, para bajar los precios allí donde sea necesario; aumentar las deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler, pasando de una deducción del 10%, con un máximo de 300 euros, a una deducción del 25 por ciento, con un máximo de 600 euros". Proponen también medidas fiscales; las explicaba Francisco Lucas.
Lucas ya presentó en noviembre las cinco primeras medidas, centradas en facilitar la compra de vivienda, entre ellas, una ayuda directa de hasta 36.000 euros para la compra de la primera vivienda. El líder socialista añade que este decálogo se enviará al Gobierno murciano. Le tiende la mano a Fernando López Miras, dice, tras el fracaso de su decreto de vivienda asequible.
El Partido Popular ha criticado duramente las propuestas en materia de vivienda del delegado de Pedro Sánchez en la Región, Francisco Lucas, calificándolas de “sectarias e ideológicas”. En opinión del senador por Murcia José Ramón Díez de Revenga, “carecen de base presupuestaria y credibilidad alguna” y siguen el mismo patrón que las de su jefe en la Moncloa, “propaganda, cortinas de humo y ocurrencias que solo han conseguido que, en siete años, la vivienda ocupe el primer puesto entre las preocupaciones de los ciudadanos”.
Esta situación, según Díez de Revenga, es el resultado de políticas “intervencionistas”, que solo responden a las demandas de los socios que mantienen a Sánchez en el poder. “Estas medidas, lejos de solucionar el problema, han contraído la oferta, disparado los precios y protegido a los okupas”, ha asegurado.
