Las ONG temen que en 2026 empeore la situación para este colectivo a partir de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el próximo mes de junio
El nuevo reglamento de extranjería, que entró en vigor en mayo pasado, no ha evitado que los inmigrantes tengan que pasar al menos dos años en situación irregular en España. En muchos casos se ven abocados a pagar 500 euros al mes para poder empadronarse en casas en las que ni siquiera viven.
El reglamento de extranjería rebajó de tres a dos los años que una persona debe estar sin documentación. La abogada de Murcia Acoge, Carlota García, cree que sigue siendo demasiado tiempo sin opciones de una vida integrada en la sociedad.
La ley obliga a empadronar a los habitantes de cada municipio, pero los ayuntamientos ponen trabas y los arrendadores abusan cobrando cientos de euros al mes a personas que ni siquiera pueden trabajar por no tener documentación en regla. Eso lleva a los inmigrantes a no denunciar estos abusos, y al final a perder todos los derechos, según García.
Las ONG españolas de defensa de migrantes han trasladado su "preocupación" ante el nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, que se aplicará a partir de junio de 2026.
Red Acoge afirma que las reformas en la política de gestión de fronteras "suponen la consolidación de un modelo de seguridad y externalización del control migratorio en terceros países sin garantías efectivas de respeto a los derechos humanos". Esta ONG alerta de que estas medidas "ponen en riesgo el derecho de asilo y pueden derivar en vulneraciones de otros derechos humanos, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes y de mujeres víctimas de trata y de violencia de género". La abogada de Red Acoge en Murcia, Carlota García, afirma que el pacto europeo no mejora los derechos humanos.
Según el Consejo de la Unión Europea, el Pacto, que empezará a aplicarse el 12 de junio de 2026, "mejorará la eficacia del sistema europeo de asilo". Por una parte, contiene normas sobre la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo. Por otra, se propone reducir la entrada "ilegal" y prevé medidas de solidaridad entre los Estados miembros para aliviar la carga sobre los países a los que llegan la mayoría de los migrantes.
