El magistrado acuerda la apertura de juicio oral por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García - quienes seguirán en prisión preventiva- y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.
Puente ha dictado un auto en el que les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.
Además, les impone 60.000 euros de fianza a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas y les advierte de que, de no presentarla en el plazo de cinco días, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.
El instructor acuerda mantener las medidas cautelares que pesan sobre los tres acusados. De esta forma, el exministro y su exasesor continuarán en prisión preventiva, en la que ingresaron el pasado 27 de noviembre, y Víctor de Aldama continuará con sus comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país
Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles a Antxon Alonso, el socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la misma operación en la que también fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Este mismo jueves, los agentes están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.
Fuentes jurídicas han señalado que los tres detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.
Las citadas fuentes indican que se han practicado 19 registros en varias provincias de España y que los delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario y que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
