La sentencia cierra el último recurso autonómico contra el Plan del Tajo y obliga a la Región a asumir las costas del proceso. El Ejecutivo asegura que se recurrió una política que no está basada en criterios científicos
Varapalo judicial para el gobierno regional en cuanto al trasvase del Tajo porque el Supremo ha desestimado el recurso que presentó el ejecutivo murciano (como ya hizo en su momento con los de Valencia y Madrid) contra el incremento de los caudales ecológicos en el río y su impacto en el agua que llega desde los embalses de cabecera. Se da carpetazo así al último recurso formulado por un gobierno autonómico del PP contra el Plan del Tajo que quedaba por resolver. El Tribunal condena a Murcia a pagar las costas del proceso.
Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal respaldan de esta manera el real decreto que de 2023 sobre los nuevos planes de cuenca. La sentencia considera que el ámbito territorial del estudio ambiental estratégico del Tajo es la propia cuenca del Tajo y por eso no es lógico que deba evaluar posibles impactos en las cuencas cesionarias del Acueducto. En cuanto al Plan Hidrológico del Segura sostiene que tampoco tiene que analizar los impactos en el río Tajo por la merma de sus caudales como consecuencia de las aguas derivadas por esa infraestructura.
Este fallo podría contribuir al desbloqueo de las nuevas reglas de explotación que se habían anunciado en principio para septiembre. Aunque todavía queda por resolver el recurso presentado por el Sindicato de Regantes del Trasvase.
Los Servicios Jurídicos del gobierno de Murcia estudian en este momento el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Fuentes del Ejecutivo regional han afirmado que se recurrió "una decisión política del Gobierno de España que no está basada en ningún criterio técnico o científico, y que perjudica gravemente a la comunidad y al Levante español".
Insisten en sus argumentos: "Del agua del Trasvase dependen miles de puestos de trabajo en la Región y no es justo condenar a miles de personas al paro por una decisión ideológica", han dicho, y han añadido que "lo que hace más injustificable y mucho más injusta la decisión del Gobierno de España de aplicar una subida de los caudales ecológicos que supondrá el recorte del 50 % del trasvase Tajo- Segura, algo inasumible".
Desde el Sindicato Central de Regantes, su presidente, Lucas Jiménez asegura que "parafraseando a la Vicepresidenta Montero a tenor de una sentencia absolutoria de un jugador de fútbol: es una vergüenza y un retroceso. Pero no me voy a referir en esos términos al Tribunal Supremo. Creo ciegamente en la democracia. La sentencia abre un debate en torno a la legalidad de los actos del MITECO pero no sobre la justicia de la actuación política del MITECO".
En un comunicado que Jiménez ha enviado a los medios asegura que "es esa actuación la que me provoca vergüenza y supone un retroceso para una parte del país" y continúa, "para que todos lo entiendan. En el Congreso español se debatió, este mismo año, una ley que pretendía blindar el trasvase. El Congreso votó en contra de nuestros intereses. El que dirigía las votaciones de una parte importante de la bancada, era el presuntamente corrupto ex secretario del PSOE, Santos Celdrán. ¿La votación fue legal? Sí. Pero ¿es justo que la bancada socialista completa del congreso, incluidos diputados de Almería, Alicante y Región de Murcia, votara en contra de los intereses de sus regiones al mandato de un posible ladrón? No. Pues en esto estamos. Analizando una sentencia que acatamos pero que no puede refrendar una actuación política y poco justa para una parte del país. Esperamos la resolución del resto de demandas e incluso el análisis jurídico de la presente".
Satisfacción entretanto de la Asociación de Municipios Ribereños por esta sentencia
Consideran que esta decisión confirma el régimen de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo. Su portavoz, Borja Castro, considera que el fallo aporta varias certeza: seguridad jurídica; un calendario claro para culminar la implantación de esos caudales; y una coherencia normativa que obliga a ajustar el régimen del trasvase a los planes vigentes. Además hace un llamamiento a algunos partidos políticos para dejar de utilizar las instituciones.
