La Corte de Justicia de la ONU vincula con los derechos humanos la protección frente al cambio climático, poniendo en cuestión pactos políticos negacionistas
España podría ser considerada legalmente responsable frente al incumplimiento de protección ambiental y los perjuicios para generaciones futuras, por ejemplo en casos como el del calentamiento y aumento del nivel del mar Mediterráneo. Es una conclusión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, donde 15 jueces han emitido un informe legal, después de escuchar durante varios años a países y partes implicadas.
Quince jueces de Naciones Unidas han respondido, en un informe difundido este miércoles, a dos preguntas clave. Por un lado, se trataba de saber si el derecho internacional obliga a los países a tomar medidas frente al cambio climático. Por otro lado, debían explicar cuál sería la responsabilidad de los Estados frente a los incumplimientos, no solo en la actualidad, sino frente a generaciones futuras. En ambos casos la respuesta es afirmativa.
Si un Estado no toma medidas adecuadas para controlar el uso de combustibles fósiles —como regular su consumo, limitar licencias para su explotación o eliminar subsidios—, podría considerarse un acto ilícito a nivel internacional y, por tanto, ese Estado podría ser considerado legalmente responsable. Si bien se trata de una opinión consultiva (es decir, no es vinculante), su contenido tiene una enorme relevancia para la acción climática global.
El Tribunal ha señalado que el cambio climático es una «amenaza urgente y existencial» y «el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible es inherente a otros derechos humanos».
El pacto suscrito entre el PP y Vox podría incumplir el derecho humano a que los poderes públicos luchen contra los efectos del cambio climático. Pedimos una interpretación del informe a Santiago Álvarez Carreño, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia. En su opinión, el pacto político que intenta variar la Ley del Mar Menor o frenar las acciones de la llamada "agenda verde" podría considerarse un incumplimiento del derecho internacional.
La posibilidad de demandar o litigar que ofrece el dictamen de los jueces de la ONU no es lo ideal, según el profesor Santiago Álvarez. Considera que sería más útil y efectiva una planificación política adecuada frente a un cambio climático irreversible.
Porque las recomendaciones e incluso las sentencias, aunque estén apoyadas en el derecho internacional, tropiezan, según el profesor, con la terquedad de los hechos y la relativa libertad con la que actúan los gobiernos.
Todo ello tiene una influencia determinante en el cumplimiento de los compromisos de los Estados. Por ejemplo, son las comunidades autónomas las que deben realizar aportaciones para que se cumpla la reducción de gases de efecto invernadero.
