Es una conclusión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, donde 15 jueces han emitido un informe legal, después de escuchar durante varios años a países y partes implicadas
España podría ser considerada legalmente responsable frente al incumplimiento de protección ambiental y los perjuicios para generaciones futuras, por ejemplo en casos como el del calentamiento y aumento del nivel del mar Mediterráneo. Es una conclusión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, donde 15 jueces han emitido un informe legal, después de escuchar durante varios años a países y partes implicadas.
Quince jueces de Naciones Unidas han respondido, en un informe difundido esta tarde, a dos preguntas clave. Por un lado, se trataba de saber si el derecho internacional obliga a los países a tomar medidas frente al cambio climático. Por otro lado, debían explicar cuál sería la responsabilidad de los Estados frente a los incumplimientos, no solo en la actualidad, sino frente a generaciones futuras. En ambos casos la respuesta es afirmativa.
Si un Estado no toma medidas adecuadas para controlar el uso de combustibles fósiles —como regular su consumo, limitar licencias para su explotación o eliminar subsidios—, podría considerarse un acto ilícito a nivel internacional y, por tanto, ese Estado podría ser considerado legalmente responsable. Si bien se trata de una opinión consultiva (es decir, no es vinculante), su contenido tiene una enorme relevancia para la acción climática global.
El Tribunal ha señalado que el cambio climático es una «amenaza urgente y existencial» y «el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible es inherente a otros derechos humanos».
