La denuncia ha sido presentada por el letrado Diego de Ramón y enviada a la Comisaria europea de Competencia. También ha presentado incidente de nulidad por el cierre del sumario en un juzgado de Murcia.
REDACCIÓN. Murcia
La dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Europea (CE) recabará al gobierno español daños sobre los supuestos beneficios de los que dispondrían algo más de un centenar de clientes de la Desalinizadora de Escombreras, que se beneficiarían de un precio subvencionado con fondos públicos, según la denuncia presentada por el letrado Diego de Ramón. El letrado llevó el caso a instancias comunitarias al entender los usuarios de la desaladora, se benefician, de manera desleal, frente a los de otras plantas porque, en el caso de la de Escomberas, está subvencionada con 40.000 diarios por la comunidad autónoma. La propietaria es una sociedad en pérdidas, dice, que tenía que haber sido liquidada y que están pagando los murcianos. Quiere información sobre si el interventor, que debe velar por el dinero público, ha dado el preceptivo visto bueno.
Para sustentar su denuncia ante las autoridades comunitarias, el abogado utiliza los informes del Tribunal de Cuentas en los que queda claro, asegura, la mala gestión sobre esta instalación. Tampoco se rinde en la investigación abierta en un juzgado de Murcia y que ha quedado suspendida por sobrepasar los plazos de la ley de enjuiciamiento criminal según dictaminó la sección tercera de la Audiencia. Ha presentado incidente de nulidad y quiere un pleno de la audiencia en el que todos los magistrados se pronuncien sobre la procedencia de la decisión de la citada sección. Y si la respuesta es negativa o no se produce, acudirá al Consejo General del Poder Judicial.
