La Audiencia Nacional juzga desde el lunes el presunto espionaje de la excúpula de Interior del PP. El Supremo juzga desde el martes a Ábalos, Koldo y Aldama por amaños en la compra de mascarillas en pandemia
La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. El propósito de esa operación sería robarle información sensible que tuviera sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los 10 acusados, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Por otro lado, interesan una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que en el caso de Ríos reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.
Según Anticorrupción, el entonces DAO, con "el acuerdo pleno", entre otros, de Fernández Díaz contactaron con el chofer de Bárcenas y que "desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas propias" del tesorero y su esposa.
En el juicio, que se extenderá hasta el 30 de junio, prestarán declaración más de 100 testigos, entre los que destacan el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal el 23 de abril, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría el 27 de abril o el actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 11 de mayo.
El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo a partir de este martes por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito.
Pero el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro --desde junio de 2018-- para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico" de los tres, la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario. Todo ello, a su juicio, con "ánimo de enriquecimiento".
Al hilo, el fiscal incide en que la presunta organización nació "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida" de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.
Fiscalía pide en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.
Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.
