Fernando Castillo Rigabert ha jurado su ingreso en la carrera judicial y ha tomado posesión como nuevo magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un acto presidido por Miguel Pasqual del Riquelme.
Castillo, doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de Murcia, fue elegido el pasado 29 de enero por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ocupar la vacante correspondiente al turno de juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma, producida por la jubilación del magistrado Enrique Quiñonero en 2022.
El nuevo magistrado de la Sala de lo Civil y Penal ha estado apadrinado en su toma de posesión por los magistrados jubilados Leonor Alonso y Mariano Espinosa, ambos con último destino en la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJMU, en la que Castillo fue magistrado suplente de 1998 a 2015.
Tras tomar posesión de su cargo, Fernando Castillo, muy agradecido, ha mostrado su total compromiso y ha reconocido la responsabilidad que supone formar parte de un Poder Judicial "actualmente indispensable para garantizar el Estado de Derecho", con miembros "independientes, imparciales y sometidos al imperio de la ley".
La ceremonia ha contado con la presencia de autoridades del ámbito judicial, político y social.
La Sala Civil y Penal del TSJ es la encargada de resolver los asuntos de mayor relevancia en el ámbito autonómico, incluyendo recursos y procedimientos especiales.
El Gobierno regional pide al Ministerio que acabe con el déficit estructural de juzgados
El consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha defendido la independencia de la justicia. Igualmente, ha exigido al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para acabar con el "grave déficit estructural de juzgados y tribunales que soporta la región y a los que no pone ninguna solución". Ortuño ha recordado que la Asamblea Regional aprobó hace más de tres años el Pacto por la Justicia autonómico para exigir la resolución inmediata de esas carencias, que luego el presidente López Miras reclamó a Pedro Sánchez en La Moncloa en octubre pasado.
El consejero portavoz del Gobierno regional ha lamentado que la situación, lejos de solucionarse, solo se agrava: "El déficit estructural de juzgados y tribunales continúa y, lo que es peor, sin atisbar ninguna solución en el futuro".
