El Ejecutivo de Castilla-La Mancha reclama al Ministerio la aplicación de las nuevas reglas de explotación que bajarán el máximo de hectómetros cúbicos trasvasables
El Gobierno de Castilla-La Mancha demanda el Ejecutivo central por graves daños medioambientales que atribuye al estrés hídrico que genera el trasvase. El presidente García-Page cree que el retraso en la aprobación de las nuevas reglas de explotación del acueducto roza la ilegalidad.
El Gobierno de la comunidad vecina ha dado luz verde a la presentación de un recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio la aplicación de esas nuevas reglas que están poniendo en situación casi irreversible a cinco parajes naturales incluidos en la Red Natura, como explica Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible.
La consejera ha sido muy dura con la Ministra para la Transición Ecológica que no ha recibido aún ni a ella ni al presidente castellano-manchego. García-Page ha ido un poco más lejos asegurando que no le duelen prendas en recurrir decisiones de un gobierno de su propio partido.
Pretenden así dar un empujón al Estado para conseguir que definitivamente lleven a cabo la modificación de las reglas de explotación. Se espera el resultado de sentencias pendientes ante el Tribunal Supremo, una correspondiente a una demanda del Scrats y otra de la Diputación de Alicante, "en contra ambas de los caudales ecológicos del río Tajo". Pero hay demandas previas que dan la razón a Castilla-La Mancha.
Por su parte, el líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, ha criticado la decisión de su compañero de partido. "Emiliano García-Page vuelve a demostrar su hipocresía: exige solidaridad territorial mientras la niega con el agua. Lo tengo claro: defenderé por encima de todo los intereses de la Región de Murcia", ha asegurado.
