El pacto, pendiente aún de ratificación judicial, permitirá a los empresarios eludir la cárcel. Contempla multas que suman alrededor de 140.000 euros y penas de prisión inferiores a dos años para siete investigados
Greenpeace ha valorado como “un mal menor” el acuerdo alcanzado con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la causa de la trama del atún rojo ilegal, un procedimiento iniciado en 2017 en un juzgado de la Región de Murcia y que, casi ocho años después, sigue sin concluir.
El pacto, pendiente aún de ratificación judicial, permitirá a los propietarios del Grupo Ricardo Fuentes, con sede en Cartagena y considerado el mayor exportador de atún rojo del mundo, eludir la cárcel. Contempla multas que suman alrededor de 140.000 euros y penas de prisión inferiores a dos años para siete de los ocho investigados, incluidos los dos hermanos Fuentes.
El acuerdo reconoce los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y contra la salud pública, aunque deja fuera el de blanqueo de capitales que figuraba en el auto de instrucción. Además, excluye al propio grupo empresarial de responsabilidad penal.
La abogada de Greenpeace, Inés Díez, personada como acusación, ha lamentado la excesiva lentitud del procedimiento, que llegó a 2025 sin finalizar la instrucción. También ha señalado que lo deseable habría sido llevar a juicio tanto a los ocho acusados como a las doce empresas imputadas.
Según el auto judicial previo al pacto, la trama operaba mediante una organización que comercializaba atún rojo procedente de la pesca furtiva, al que se le añadían aditivos peligrosos para la salud.
