La asociación Juezas y Jueces para la Democracia defiende la reforma y niega riesgos para la independencia judicial
Varias organizaciones judiciales y de fiscales convocan mañana a mediodía un paro de diez minutos en todo el país y concentraciones que, en el caso de Murcia, tendrá lugar en la Ciudad de la Justicia. Protesta contra los proyectos de ley que se están tramitando en el parlamento nacional para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal.
La propuesta parte del Gobierno central, que ha planteado algunas reformas con las que pretende "democratizar" el acceso a estas responsabilidades. Con ese fin, el proyecto prevé un sistema de becas para favorecer que personas con recursos limitados puedan dedicar varios años a la preparación de las oposiciones. Plantea también una modernización del sistema de exámenes, ahora basado exclusivamente en la repetición memorística de temas, y pretende que los tribunales no puedan identificar a los aspirantes en el momento de valorar el nivel demostrado en las pruebas. Además, el proyecto de ley prevé la creación de un centro público al que los aspirantes puedan acudir a preparar sus oposiciones. El representante de la Asociación Francisco de Vitoria en Murcia, Francisco Cano, sostiene que ese centro de formación puede convertirse en un lugar de "adoctrinamiento" de futuros jueces en manos del Gobierno.
Otro de los aspectos más controvertidos de la reforma es el establecimiento de un mecanismo excepcional que permita estabilizar a una parte de los 900 jueces sustitutos que hay en nuestro país, aquellos que se encargan de cubrir las bajas o las vacaciones de los titulares. Cano dice que temen las consecuencias de lo que —a su juicio— será una entrada masiva en la carrera judicial de profesionales sin la preparación necesaria.
La protesta, que surgió de una plataforma en WhatsApp en la que participan un buen número de jueces, ha sido asumida por organizaciones judiciales o fiscales que se declaran conservadoras o se autodefinen como "independientes". Dice Cano que el Gobierno ha puesto en marcha una reforma que —en su opinión— no responde a un problema real y que se ha diseñado sin ningún tipo de negociación.
Una opinión bien distinta es la que tiene la organización progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que no ve ninguna amenaza para la independencia judicial en el proyecto del Gobierno y recuerda que el documento todavía está en proceso de aprobación y, por lo tanto, abierto a posibles modificaciones.
El portavoz en Murcia, Miguel Rivera, prefiere no aventurarse sobre los verdaderos motivos que pueden explicar la convocatoria de un paro nacional, pero cree que el proyecto de reforma contra el que se protesta no tiene suficiente entidad como para justificar una movilización de esta intensidad. Más aún, cuando el Ministerio ha anunciado la convocatoria de más de 1300 plazas de nuevos jueces en los tres próximos años y ha escuchado hace apenas unos días a las distintas asociaciones.
Dice Rivera que su organización respalda plenamente la intención del Gobierno de facilitar el acceso a la carrera judicial y fiscal de opositores con menos posibles económicos. Y descarta ese papel "ideologizador" que los convocantes de la protesta otorgan al centro público de preparación de oposiciones.
En cuanto al proceso de estabilización de los jueces sustitutos, su opinión es clara: habrá que asegurar un procedimiento de acceso con todas las garantías, pero es necesario reconocer de alguna manera la labor de quienes —durante años— han sido esenciales para sostener el funcionamiento de la Administración Pública de Justicia en España.
Audio: Francisco Cano / Miguel Rivera
