Juana Fernández ha defendido en su comparecencia en la Asamblea Regional que todos los contratos se ajustaron a la Ley General de Sanidad y al decreto de tiempos máximos de listas de espera
El Tribunal de Cuentas archiva las diligencias por supuestas irregularidades en derivaciones del hospital de la Arrixaca con la sanidad privada correspondientes a 2022 al descartar delito contable y sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades.
El dictamen señala que no corresponde al Tribunal de Cuentas la censura de la gestión pública, sino dirimir la responsabilidad contable, y no ve claro que se haya producido un perjuicio económico a las arcas públicas ni está concretado ese posible daño con un mínimo de concreción. La resolución añade que no corresponde al Ministerio Fiscal una actuación fiscalizadora, sino al propio Tribunal y otros órganos como el Congreso o los parlamentos regionales. Al dictamen aludía la exdirectora médica de la Arrixaca, Juana Fernández, en su comparecencia este lunes ante la comisión que investiga irregularidades en los conciertos con la Sanidad Privada entre los años 2019 y 2024.
La exdirectiva de la Arrixaca defendía la legalidad y transparencia de las derivaciones a la sanidad privada tras la pandemia. Asegura que todas las decisiones se tomaron para garantizar la salud de los pacientes en un contexto de presión asistencial disparada y falta de especialistas.
El archivo del Tribunal de Cuentas afecta a las diligencias abiertas por derivaciones de la Arrixaca durante 2022. La comisión parlamentaria analiza un período de tiempo más amplio que afecta a más áreas de salud. El gerente del área de Cartagena, José Sedes, comparecía también este lunes en la Asamblea y aseguraba que es imposible planificar con exactitud las derivaciones a la sanidad privada.
El gerente del área de salud de Cartagena, José Sedes, segundo compareciente en la comisión parlamentaria de investigación del SMS, asegura que no dan abasto para atender la demanda asistencial y que es imposible planificar con exactitud las derivaciones a la sanidad privada.
El gerente del área 2 de Salud también defendía los procedimientos seguidos en los conciertos con empresas privadas, a la vez que reconocía las dificultades para cuantificar las necesidades anuales y el gasto.
Sedes insistía en la necesidad de recurrir a la privada para dar salida a una demanda asistencial que crece año a año.
Más transparencia y mejor gestión es lo que pide la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública ante la investigación que lleva a cabo la Asamblea Regional sobre contratación de servicios externos por parte del Servicio Murciano de Salud. Son acuerdos que buscan reducir las listas de espera, algo que se aprecia levemente en las últimas estadísticas sobre pruebas diagnósticas. Todo en un sistema de salud que acumula, según datos de la intervención, de 3.600 millones de déficit.
El Tribunal de Cuentas advertía de posibles irregularidades en contrataciones de varios hospitales contraviniendo la ley de contratos del sector público. La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, que preside en Murcia, Abel Novoa, no aprecia un espíritu deliberadamente privatizador, pero sí falta de transparencia y garantías. O bien se trata de fallos de carácter administrativas o de comportamientos espurios que hay que aclarar.
El consejero de Salud defiende la gestión del Servicio Murciano de Salud en materia de contratación de servicios. Juan Antonio Pedreño habla de archivo de las investigaciones.
Si bien el Tribunal de Cuentas emitió a primeros de año un informe en el que descartaba la existencia de delito contable en las derivaciones a la sanidad privada, actualmente la Fiscalía tiene abiertas diligencias por contratos en compras del Servicio Murciano de Salud, extremo que también es objeto de investigación en la comisión parlamentaria.
