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La arquitecta ratifica ante el juez que había graves fallos de seguridad en las discotecas de Atalayas

No había medidas de separación que pudieran frenar la extensión del fuego, que se originó en la discoteca Teatre y pasó a Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas

CHEMA DÍAZ
20 JUN 2025 - 13:16
La arquitecta ratifica ante el juez que había graves fallos de seguridad en las discotecas de Atalayas
Elena Bolarín a la salida de los juzgados. ORM
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La arquitecta ratifica ante el juez que había graves fallos de seguridad en las discotecas de Atalayas
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La arquitecta técnica que redactó un informe pericial sobre las condiciones de seguridad de las discotecas de Atalayas incendiadas en Murcia el 1 de octubre de 2023, en las que fallecieron 13 personas, ha ratificado hoy ante la jueza que investiga el caso las conclusiones del mismo: existían graves fallos de seguridad en los locales, que incumplían las medidas de sectorización y evacuación, lo que hizo que el fuego se propagara rápidamente de una discoteca a otra.

Tras su declaración, la arquitecta Elena Bolarín se limitó a decir a los periodistas que ha aclarado todas las cuestiones por las que le han preguntado las diferentes partes. El abogado José Manuel Muñoz, que representa a familiares de varios de los fallecidos, indicó que la perito ratificó los incumplimientos de seguridad de las discotecas y destacó que los locales funcionaban como un único espacio pese a ser dos negocios distintos, debido a la falta de sectorización.

Según el informe pericial, difundido en marzo, no había medidas de separación que pudieran frenar la extensión del fuego, que se originó en la discoteca Teatre y pasó a Fonda Milagros, donde fallecieron las víctimas, con la principal propagación en las cubiertas. La abogada Rosa Egea subrayó que las salas no contaban con el recorrido de evacuación legalmente exigido, lo que hizo imposible salvar a las 13 personas. Por su parte, el abogado Pedro López Graña manifestó la protesta de las familias por no poder interrogar a la perito sobre la posible responsabilidad de las empresas y del Ayuntamiento de Murcia en la inspección.

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