López Miras abre la primera jornada este miércoles con un balance de gestión y nuevas propuestas
La Asamblea Regional de Murcia celebra este miércoles y el jueves el vigesimonoveno Debate sobre el Estado de la Región, el segundo de esta XI Legislatura. Comienza a las diez de la mañana con la intervención del presidente, Fernando López Miras, quien en un tiempo máximo de 90 minutos expondrá la gestión de su ejecutivo durante este año, así como sus planes futuros.
La sesión se interrumpirá al finalizar la intervención del presidente y se reanudará al día siguiente a las nueve y media de la mañana con las réplicas de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de 45 minutos cada uno.
Carmina Fernández, portavoz del PSOE en el parlamento murciano, dice que abordan el debate con responsabilidad, con la intención de poner de manifiesto las consecuencias para los ciudadanos de las políticas del PP en los últimos años que han llevado a la Región a la cola en los indicadores sociales.
Vox llega al Debate tras el acuerdo de Presupuestos con el PP pero, su presidente autonómico, José Ángel Antelo, no duda en recordar a los populares todo lo que aún queda por hacer por una región infrafinanciada, con la renta per cápita más baja del país y un sistema sanitario en quiebra.
Desde el Grupo Mixto, María Marín, diputada de Podemos, augura que el debate va a ser "inútil" porque, según su interpretación, el jefe del ejecutivo presentará a Murcia como la mejor tierra del mundo pero sin hablar de la pobreza infantil, la falta de vivienda o la Ley de dependencia.
El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, no ha desvelado las propuestas que su grupo presentará en el Debate, se ha limitado a señalar que persiguen mejorar la vida de los murcianos y a criticar las políticas del gobierno central en comparación con las de su jefe de filas.
Después, el jefe del Ejecutivo contará con 90 minutos para responder y le seguirá el turno de réplica de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno y una última intervención del presidente de, máximo, 30 minutos.
Lo que habitualmente denominamos "Debate sobre el Estado de la Región" es, en realidad, un Debate para hacer valoración de la actuación política del Gobierno: un examen en el que la Asamblea Regional es el tribunal y que termina con la aprobación de un paquete de resoluciones que no son otra cosa que los deberes que el parlamento le marca al Ejecutivo. Tras el debate del año pasado, se aprobaron 34 resoluciones y nosotros nos hemos preguntado cuál es el grado de cumplimiento de esos encargos que la Asamblea hizo hace un año al Gobierno regional.
Lo primero que hay que decir es que de esas 34 resoluciones, algo más de un tercio —trece— eran simplemente peticiones para que el Gobierno murciano trasladara alguna reivindicación al ejecutivo central. Las otras 21 sí que exigían acciones concretas del gabinete que preside Fernando López Miras y lo cierto es que, por lo que hemos podido contrastar, la regla general es el incumplimiento. Primer ejemplo: la Asamblea le pidió al gobierno regional que dotara de presupuesto el Pacto por las Infraestructuras, un documento que había consensuado con los agentes sociales. Según el presidente de la patronal CROEM, Miguel López Abad, a día de hoy ese pacto sigue sin tener dotación y no es más que "una carta a los Reyes Magos".
Algo más se ha avanzado en otro gran proyecto, el Plan Industrial de la Región. Pero los ritmos no son los esperados y desde luego se ha incumplido el encargo del parlamento de que ese documento estuviera cerrado antes de que terminara 2024.
Pidió también la Asamblea al Gobierno de López Miras que reactivara el Pacto Regional contra la Violencia de Género. Es cierto que, meses más tarde, hubo un encuentro con las organizaciones que lo integran. Pero desde entonces no se ha avanzado absolutamente nada. Teresa Fuentes es la secretaria general de CCOO.
Tampoco ha cumplido el Gobierno el objetivo que el parlamento le marcó para resolver los problemas de calor o frío en los colegios e institutos de la región. Seguimos sin tener un plan que establezca prioridades y calendario y la consejería, según Fuentes, se dedica a lanzar balones fuera.
El listado de tareas sin completar afecta también a cuestiones como la calidad del aire que respiramos. La Asamblea reclamó la aprobación de un Plan Regional y, según Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, a estas alturas ni siquiera está clara la estrategia que el Ejecutivo pretende seguir para cumplir con los nuevos límites que Europa nos exigirá a partir de 2030.
Más doloroso es aún el incumplimiento de la resolución que exigía la aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los espacios protegidos de la Región. En esto, nos dice Luengo, el retraso no es de un año, sino de décadas.
En opinión de dos de los integrantes de la Comisión de análisis Político y Electoral del Colegio de Ciencias Políticas de la Región, Jesús Sánchez Cutillas y Virginia Sánchez, este incumplimiento generalizado de las encomiendas hechas por la Asamblea Regional al Gobierno autonómico sólo sirve para alimentar la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones.
Sánchez Cutillas cree que los ciudadanos deberían reclamar mecanismos de control que permitan vigilar la labor del Ejecutivo y pedirle cuentas en este tipo de situaciones. En su opinión, sería exigible que el Gobierno regional estuviera obligado al menos a cumplir en plazo una parte significativa de sus compromisos.
Virginia Sánchez añade que el Debate sobre el Estado de la Región es un acontecimiento relevante desde el punto de vista de nuestra estructura parlamentaria, porque es el momento en el que el Gobierno debe rendir cuentas. Por eso deberíamos exigir que todas las partes hicieran un uso riguroso de esas sesiones y no se limitaran a utilizarlas como un escenario en el que teatralizar sus posiciones.
La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional de Murcia ha ordenado dos plenos, los días 3 y 8 de julio.
En el primero se votará el proyecto de ley de presupuestos de 2025, los decretos ley de simplificación administrativa y del taxi y la propuesta de Vox de crear una comisión de investigación sobre posibles perjuicios de las mordidas del caso Koldo en las obras del tren de alta velocidad en la comunidad.
En el del 8 de julio se aborda la iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda y la proposición de ley de comarcalización, del PSOE, así como mociones sobre el trasvase, el calor en las aulas y la enfermería oncológica, y la propuesta de creación de la misma comisión que pide Vox, pero reclamada ahora por Podemos-IU/V-AV, según la Cámara.
Audio: Fernando López Miras / Carmina Fernández / José Ángel Antelo / María Marín / Miguel López Abad / Teresa Fuentes / Pedro Luengo / Jesús Sánchez Cutillas / Virginia Sánchez.
