Su presidente, Abel Novoa, considera que la consejería tiene un problema al no justificar cuando se externalizan pruebas, algo que, según asegura, exige la ley
La derivación de pruebas médicas a centros privados cuando la sanidad pública tiene capacidad para atenderlas es síntoma de un problema general que habla de deficiencias en la transparencia. Así lo señala Abel Novoa, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que insiste en que si se derivan pruebas a centros concertados tiene que estar justificado en una falta de capacidad.
El problema viene cuando centros sanitarios públicos sí tienen los recursos para atender esas necesidades, pero no lo hacen, lo que supone un inconveniente para el paciente, porque se pierde continuidad en el historial clínico.
