El tribunal concluye que no hubo prevaricación, falsedad ni blanqueo y que las decisiones administrativas no alcanzaron relevancia penal
La Audiencia Provincial absuelve a todos los acusados en el caso Novo Carthago en el que había siete procesados, entre ellos dos exconsejeros del PP -Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana-, y cinco exdirectores generales y asesores. La Sala descarta la existencia de prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales en la tramitación del proyecto para construir diez mil viviendas y dos campos de golf junto al Mar Menor en la época en la que Ramón Luis Valcárcel era presidente autonómico. La sentencia solo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Tras un mes de juicio, el Tribunal declara que no se ha acreditado que las resoluciones administrativas examinadas fueran arbitrarias y dictadas "a sabiendas de su injusticia", requisitos para el delito de prevaricación. La Sala recuerda que, conforme a la doctrina del Supremo, el control penal debe reservarse para "los casos más graves", no siendo suficiente la mera ilegalidad administrativa.
José Manuel Muñoz, abogado de la acusación particular por la asociación naturalista ANSE, cree que lo ocurrido demuestra "el fracaso de la justicia". No le extraña la decisión de la Audiencia después de un proceso de más de 20 años, aunque muestra su desacuerdo con algunos aspectos de la sentencia. Y recuerda que la justicia la puso Europa paralizando el proyecto.
En relación con Antonio Cerdá, el entonces consejero responsable de Medio Ambiente, y con la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de 2003, el Tribunal señala que actuó dentro de los márgenes propios de una decisión política y que "ha quedado meridiana la ausencia de un interés personal o privado". Añade que en ningún momento "presionó a ningún técnico ni autoridad a que forzase la legalidad".
Los magistrados recuerdan además que la superficie afectada por el proyecto urbanístico de Novo Carthago era limitada y resaltan que existían opiniones técnicas razonadas que defendían la conveniencia ambiental del cambio hacia un uso recreativo-deportivo en la zona de regadío intensivo, frente al impacto de los cultivos.
José Manuel Muñoz explica que estudiarán la sentencia antes de decidir si la recurren ante el Tribunal Supremo aunque no espera mucho después de más de 20 años trascurridos
La sentencia rechaza igualmente que la modificación del Plan General Urbano de Cartagena fuera arbitraria y exonera al entonces consejero responsable de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, a quien se atribuía. La acusación particular entiende que el procedimiento estaba herido desde que el Tribunal Supremo excluyó a la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro
Quedan absueltos también la asesora jurídica de la consejería de Medio Ambiente, acusada como cooperadora necesaria, y el que fuera director general de Calidad Ambiental que, según la resolución, no presionó en el cambio de criterio de ese departamento.
Fiscalía rebajó su petición de pena para los procesados a un máximo de un año y tres meses de prisión por la demora de la causa. Finalmente, la sentencia de la Audiencia Provincial absuelve a todos los acusados.
Podemos cree que sienta un precedente para recalificar y destruir espacios protegidos. María Marín, diputada de esta formación, considera que la sentencia de la Audiencia Provincial es "un disparate".
El PSOE asegura que respeta la presunción de inocencia y la decisión de los tribunales, y añade que el PP debería aplicarse el cuento hoy precisamente explicaba María Jesús López, secretaria de organización de los socialistas murcianos
El Partido Popular de la Región de Murcia reafirma su respeto a todas las resoluciones judiciales y dice que la Audiencia Provincial acredita el rigor y la legalidad de la Administración en la tramitación de este expediente.
