El Partido Popular quiere que buena parte del gabinete de Sánchez comparezca en el Congreso y el Senado para dar cuenta de la gestión de los fuegos forestales, la cuestión migratoria y la investigación de Begoña Gómez
La polémica por la gestión de los incendios que han asolado España en los últimos días anticipa un tenso arranque del curso político, que se estrena esta semana con actividad en el Congreso y el Senado y con la celebración de un Consejo de Ministros donde se aprobarán ayudas para las zonas afectadas. El presidente del Gobierno ha adelantado asimismo que previamente a la reunión de su gabinete se pondrá en marcha una comisión interministerial de cambio climático para comenzar los trabajos para lograr el pacto de Estado propuesto por Sánchez.
En el Congreso se reunirá el martes de manera extraordinaria la Diputación Permanente para decidir sobre las comparecencias pedidas por el PP sobre los incendios, pero también por otros asuntos. También ha pedido las comparecencias de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informen de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano.
A ellas ha sumado las del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones; y de las titulares de Migraciones, Elma Sainz, sobre la "emergencia migratoria" el sur del país y en Baleares; y de Igualdad, Ana Redondo, sobre las medidas contra el "machismo imperante" en el Gobierno.
El PP quiere que comparezca asimismo en el Congreso con carácter urgente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la quita de la deuda a Cataluña. Todas estas peticiones se suman a las ya solicitadas por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo para que comparezcan en el Senado Sara Aagesen, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas, por los incendios forestales de las últimas semanas.
El reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas arrancará esta semana, cuando el Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada autonomía. También se aprobará esta semana la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida, como sucede en Canarias y Ceuta, para derivar así a los niños y niñas allí atendidos hacia otras comunidades.
Son los últimos pasos de un mecanismo exigido por Canarias, una redistribución obligatoria entre autonomías, que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Ejecutivo aprobó en marzo y el Congreso refrendó el pasado mes de abril. El plan es repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivarán a unos 3.000 menores migrantes que se encuentran en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año.
