Un estudio de la Fundación Mapfre y Fedea señala que las transferencias internas en los hogares españoles ascienden a 130.000 millones de euros. La generación sénior "da más de lo que recibe"
Las transferencias internas dentro de los hogares españoles ascienden a 130.000 millones de euros anuales, lo que consolida a la familia como pilar complementario del Estado del bienestar. Esta es una de las conclusiones del informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género' presentado hoy por la Fundación Mapfre y FEDEA, que destaca que el colectivo de mayores de 55 años concentra el 68% de los ahorros de los hogares y el 43% de los recursos económicos.
Un estudio que cuantifica cuánto ingresa, consume, aporta y recibe del Estado un español, según su edad y género. Se identifican tres grandes grupos: jóvenes hasta 29 años con alta dependencia económica, adultos de 30 a 54 años como motor productivo y fiscal del país, y el grupo sénior, de más de 55 años, que se sitúa como el colectivo con mayor capacidad adquisitiva.
1 de cada 3 euros de los que se generan en España, el 33% del PIB, viene por ese grupo sénior. Juan Fernández Palacios, del Centro de Investigación la Fundación Mapfre, asegura que es una generación solidaria con otros miembros de su círculo cercano y una "pieza clave de la economía familiar". Fernández Palacios llama a desterrar un "prejuicio arraigado": "No son solo receptores de prestaciones". De hecho, aportan mucho, tanto a la familia como al conjunto de la economía, sostiene: "Dan más de lo que reciben".
Además, son el grupo de edad con mayor capacidad adquisitiva en la población española, representan un mayor consumo privado (39,3% del total) que el grupo principal (30-54 años, con 36,9%) y más consumo privado medio por persona que cualquier grupo (16.406 euros) y suponen el 42,7% del total de los recursos económicos en cuanto a su contribución al sostenimiento del Estado y sus administraciones territoriales a través de sus impuestos, sin incluir las contribuciones sociales.
El informe señala que el envejecimiento de la población española, que sigue en aumento, influye en el consumo, la distribución de recursos y en el peso económico de los hogares. Ante esta situación y la escasez de recursos laborales, los expertos piden flexibilizar el acceso a la jubilación, que las empresas eliminen la discriminación por edad y que se permita compatibilizar trabajo y pensión en determinados casos.
"No se trata de retrasar la jubilación, sino de flexibilizar el acceso a la jubilación" en función de la exigencia de cada profesión, matiza el experto, que pide eliminar una discriminación por edad que "todavía persiste", ha explicado Fernández Palacios. Los empresarios deben "asumir" que sus plantillas tendrán que tener "una edad media mayor de la que ellos a lo mejor pensaban que era la óptima", pero esto "no es ninguna mala noticia": "Estamos hablando de un colectivo de personas que tiene capacidad y conocimientos", recuerda.
Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, cree que la edad de jubilación debería estar ligada a la esperanza de vida, dependiendo del tipo de profesión. También ve necesario adaptar el sistema de pensiones. Ese capítulo del gasto va a tener un peso cada vez mayor y "ya está limitando los recursos que tenemos para otras prioridades como sanidad o infraestructuras", apunta.
"Si no elevamos la edad de jubilación en consonancia con eso, va a llegar un día en el que estemos más tiempos jubilados que trabajando. Y eso, lógicamente, hace muy difícil mantener un sistema de pensiones con niveles de pensiones dignos", alerta.
Los recursos totales de los hogares españoles suman 1,53 billones de euros. Dos tercios vienen de las rentas del trabajo y el resto, de prestaciones públicas. De media, cada persona gestionó 32.391 euros al año procedentes del trabajo, el capital, las prestaciones públicas y el uso de servicios públicos según apunta un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
En cuanto a las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar, que alcanzan los 130.000 millones de euros anuales, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Una cifras que pone de relieve el papel clave de la familia como pilar complementario al Estado del bienestar.
El estudio también identifica diferencias significativas por género, tanto en ingresos como en aportaciones y prestaciones recibidas. Las brechas salariales, las distintas trayectorias laborales y el diferente acceso a pensiones influyen en la distribución de recursos a lo largo de la vida, generando impactos diferenciados en el saldo fiscal y en la autonomía económica en edades avanzadas. Los hombres concentran mayores rentas del trabajo (462.461 millones frente a 326.686 millones en mujeres) y registran mayores niveles de ahorro (73.277 millones frente a 34.897 millones).
El informe cuantifica el saldo fiscal medio por edad y género, es decir, la diferencia entre lo que una persona aporta en impuestos y cotizaciones y lo que recibe a través de prestaciones y servicios públicos. En este sentido, el análisis por edad refleja que las personas no mantienen el mismo equilibrio entre ingresos y gastos a lo largo de su vida. Durante la infancia y juventud (hasta los 29 años), los ingresos laborales son reducidos y el consumo se financia principalmente mediante transferencias privadas entre familiares y gasto público, especialmente en educación y sanidad. Este grupo concentra solamente el 21,6% de los recursos del total de la población (330.983 millones de euros).Se trata, por tanto, de una etapa de dependencia económica financiada por las familias y por el Estado.
Entre los 30 y los 54 años se concentran la mayor parte de los trabajadores, siendo el tramo con mayor capacidad de generación de ingresos y de aportación al sistema. Este grupo moviliza un total de 606.852 millones de euros en recursos, concentra la mayor parte de las rentas del trabajo y paga más de la mitad del total recaudado en impuestos y cotizaciones sociales de la población. Es, por tanto, el principal contribuyente neto y el pilar financiero del sistema de bienestar, financiando buena parte del gasto público destinado a jóvenes y mayores.
A partir de los 55 años, el patrón cambia de forma significativa. Este grupo, que ya sumaba en 2022 16,1 millones de personas —el 34% de la población y genera el 32,8% del PIB—, concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones. Los seniors reciben 183.070 millones de euros en prestaciones públicas monetarias, fundamentalmente pensiones, aportan 138.173 millones en impuestos y cotizaciones (lo que representa el 34,5% del total) y, además, concentran el 68% del ahorro total de los hogares (73.578 millones). Todo ello refleja su importancia financiera y patrimonial y pone de manifiesto el funcionamiento del Estado del bienestar como un sistema de transferencias intergeneracionales que redistribuye recursos a lo largo del ciclo vital.
