No ha abierto diligencias porque no existen denuncias formales por parte de las supuestas víctimas
La Fiscalía de la Región ha archivado el caso sobre el presunto acoso sexual por parte del jefe de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia, Pascual Piñera, y ha decidido no abrir diligencias porque, según señala textualmente, "al tratarse de posibles delitos contra la libertad sexual, es requisito esencial previo que las víctimas presenten denuncia" sobre los supuestos hechos delictivos. Si las 13 profesionales y las 2 pacientes que ofrecieron sus testimonios ante la Unidad de Igualdad del Servicio Murciano de Salud acudiesen a la vía judicial, el Ministerio Público "actuaría".
El problema es que las afectadas, muchas de ellas médicas internas residentes de primer año, refirieron presuntos tocamientos en la espalda, la nuca, los muslos, el pelo, la cara o las nalgas, pero lo hicieron dentro de un procedimiento administrativo interno. Sus testimonios fueron respaldados por al menos una decena de profesionales. Aunque el primer caso se conoció en diciembre del año pasado, los hechos se remontan a 2018. No obstante, la dirección del centro paralizó y archivó la investigación, lo que provocó una queja de la Unidad de Igualdad.
Este mismo órgano incorporó un escrito de apoyo firmado por 24 compañeros de Piñera, en el que sostienen que no han apreciado ni recibido, por parte de trabajadores del hospital, declaraciones relacionadas con situaciones de acoso sexual. También incluye las explicaciones del jefe de Urgencias, que fue apartado del servicio, negando las acusaciones y señalando que en sus gestos "nunca ha existido intención de traspasar límites personales ni de invadir el espacio de nadie de manera inapropiada".
Desde la Consejería señalan que el Servicio Murciano de Salud actuó conforme al protocolo vigente. Sostienen que, por el momento, no consta ninguna notificación al respecto y que el asunto se encuentra en manos de la Fiscalía. Afirman que respetan todas las actuaciones judiciales y que han obrado en función de lo establecido en el Protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración Pública.
