El Ministerio Público mantiene los delitos de prevaricación y falsedad documental para los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana
La Fiscalía rebaja, por dilaciones indebidas, de tres a un año de cárcel la petición de condena para los principales acusados en el caso de corrupción urbanística Novo Carthago. Mantiene, no obstante, que los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, cuatro directores generales y dos asesores cometieron delitos de prevaricación y falsedad documental para beneficiar los intereses económicos de Hansa Urbana.
El fiscal anticorrupción del TSJ se ratificaba hoy en su informe de calificaciones, no sin lamentar, nada más iniciar su intervención, los siete años transcurridos entre la acusación a los imputados en 2018 y la celebración del juicio en 2025. La Fiscalía pide para el exconsejero Cerdá un año de prisión por prevaricación y falsedad en documento público; para su asesora, María Antonieta Fernández, otro año de cárcel por falsedad en documento público y prevaricación, además de tres meses de prisión por blanqueo de capitales. Al exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, se le solicitan tres años de inhabilitación de empleo o cargo público, también por prevaricación.
Para los cuatro exdirectores generales y asesores, Antonio Alvarado, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romera, se piden tres años de inhabilitación como partícipes del delito de prevaricación. Según el Ministerio Público, ha quedado acreditado que hubo un impulso político para beneficiar los intereses de Hansa Urbana con la construcción de miles de viviendas en el Mar Menor, parte de ellas en suelo de especial protección ambiental.
La Fiscalía ironizaba durante su exposición sobre la “desmemoria” de los acusados y de muchos de los testigos del caso Novo Carthago.
Al informe de Fiscalía se adhería también la acusación popular, representada por el abogado de ANSE, José Manuel Muñoz, que respaldaba las conclusiones del Ministerio Público.
El juicio quedará mañana visto para sentencia. Todos los acusados podrán acogerse, si así lo desean, al derecho de última palabra.
