La acusación popular quiere que se establezca una fianza de 600 millones de euros y no descarta reclamar que la Comunidad Autónoma sea expulsada del procedimiento judicial, según el letrado Diego de Ramón
REDACCIÓN. Murcia
La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región aprecia indicios de hasta 7 delitos, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude entre ellos, en las actuaciones para la construcción y mantenimiento de la desalinizadora cartagenera de Escombreras. En el informe entregado al juzgado que investiga los hechos, no ve creíble que éste fuera un proyecto ejecutado por "personas encuadradas en la parte pública" que actuaban a espaldas de los órganos de gobierno, sin control y generando grandes costes.
También incide en que los indicios de criminalidad existen porque ni la documentación aportada por el Gobierno de Murcia, las empresas constructoras y las defensas de los investigados, entre ellos, el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, han disipado las dudas. Añade que las actas del consejo de administración de la Sociedad Desaladora de Escombreras "parecen apuntar más alto", ya que, en su opinión, el ejecutivo autonómico quería una planta "para su explotación en exclusiva y grantizarse los caudales para futuros proyectos urbanísticos".
Las acusaciones populares que ejercen ANSE, el colectivo Contrapoder y el abogado Diego de Ramón, han presentado un escrito ante la juez pidiendo fianza de 600 millones de euros a particulares y empresas implicados. Es el valor del posible quebranto que -éntienden- se ha producido a las arcas públicas.Otra de las cuestiones que están valorando es pedir la expulsión del procedimiento de la Comunidad Autónoma porque, entiende que está en el origen del problema. Tras escuchar las declaraciones de testigos y conocer el informe de la fiscalía, tampo descarta ampliar los delitos con el de asociación ilícita. El letrado asegura compartir los criterios que han quedado reflejados en el informe de la fiscal.