El Seprona calcula daños ecológicos superiores a tres millones de euros y posibles beneficios ilícitos de hasta dos millones anuales
La Guardia Civil ha instruido diligencias contra dos empresarios agrícolas como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por transformar más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón (Murcia), según informó la Benemérita en un comunicado.
El informe pericial realizado por los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente estima que el daño ecológico ocasionado podría superar los tres millones de euros.
La operación, denominada ‘Zahorí’, arrancó el pasado año tras recibir una denuncia sobre la existencia de una zona agrícola en el municipio donde se realizaban labores de riego sin autorización.
Los guardias civiles centraron la investigación en un complejo de fincas y explotaciones agrícolas pertenecientes a una mercantil de la zona, sobre una superficie superior a 50 hectáreas, donde, al parecer, se había cambiado, sin la preceptiva autorización, su uso de secano a regadío.
Esta transformación conlleva la alteración en el uso del suelo y el aumento de los recursos hídricos, lo que incrementa la presión sobre los recursos naturales y pone en riesgo el equilibrio del ecosistema.
Además, los terrenos afectados se encuentran en Hábitats de Interés Comunitario, algunos de ellos considerados prioritarios por estar en peligro de desaparición. En esta zona existen estepas salinas mediterráneas que poseen fauna específica, actuando como transición entre medios húmedos y secos.
La actividad agrícola también influye en la contaminación de las aguas subterráneas, causada por el uso de abonos y productos fitosanitarios.
Fruto de la investigación, se ha constatado que «más de medio centenar de hectáreas de superficie han sido transformadas sin concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, pasando de cultivos de secano a regadío e influyendo en las aguas subterráneas cercanas a la explotación».
El informe pericial del Seprona calcula que el daño ecológico ocasionado podría superar los tres millones de euros. Además, se estima que las actividades presuntamente ilícitas habrían reportado a los responsables beneficios anuales que podrían superar los dos millones de euros.
