El consejero García Montoro asegura que otras comunidades ya vetan este tipo de hogares a antiguos okupas
El consejero de Fomento niega que la futura ley de vivienda asequible vaya a fijar un precio tope amparándose en que depende del mercado. Tras reunirse con todos los grupos parlamentarios, Jorge García Montoro espera sus ideas para enriquecer un texto que pretende atajar el problema de la vivienda. Una ley que no podría, dice, acotar un precio máximo, como va a solicitar el grupo mixto.
Sobre si es inconstitucional vetar la vivienda asequible a antiguos okupas, el consejero de Fomento asegura que ya hay jurisdicción aplicada en otras autonomías. Jorge García cerraba su ronda de contactos con el grupo popular y el diputado Antonio Landáburu, quien llama a la oposición a aprovechar esta segunda oportunidad y votar pensando en los jóvenes y las familias.
Los socialistas dicen que Vox manda en la Región al condicionar la futura ley de vivienda asequible y recortar derechos. Su portavoz en la Asamblea regional, Carmina Fernández, se ofrece como aliada al PP para aprobar una regulación útil, pensado en los jóvenes y las familias.
Fernández le ha pedido unos días al consejero de Fomento para hacer sus aportaciones al anteproyecto de ley; dar 36.000 euros directos a los compradores para financiar su vivienda asequible y garantizar que esta sea siempre pública, entre otras medidas. Si el Gobierno no les escucha, la diputada socialista ironiza con acudir a Vox, formación a la que atribuye los cambios que incluirá la ley y con los que los populares serán cómplices.
El grupo mixto en la Asamblea Regional ve inconstitucional vetar a ex-okupas para acceder a una vivienda asequible. Para solucionar la crisis residencial apuestan por topar el precio en 120.000 euros y expropiar casas vacías a grupos especuladores.
Para la portavoz del grupo, María Marín, el anteproyecto de ley de vivienda asequible está dictado por los grandes constructores y sin pensar en el sueldo medio de los murcianos. Su condición para aprobarlo es fijar el precio máximo del metro cuadrado en 1.300 euros. Otra solución aportada por Marín consiste en regular la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
En cuanto al anuncio del Gobierno de prohibir que okupas condenados accedan a una vivienda asequible, la portavoz del grupo mixto considera que sería inconstitucional, porque ya habrían cumplido su pena y supondría una segunda condena.
Voz: Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras; Antonio Landáburu, diputado del PP; Carmina Fernández, portavoz del PSOE; María Marín, portavoz del grupo mixto (Podemos).
