El Gobierno murciano no cree que la norma vaya salir adelante en el Congreso tras ser aprobada sin acuerdo con los sectores afectados o las autonomías según el consejero de Universidades, Juan María Vázquez
El Consejo de Ministros aprobará hoy la Ley del estatuto del Becario que reduce a un máximo de 480 horas las prácticas extracurriculares por alumno y permite compensar los gastos que tengan los estudiantes. Una norma que ahora deberá ser aprobada por las Cortes y que ha suscitado el rechazo de la patronal y de los rectores universitarios.
El nuevo estatuto del Becario recoge una compensación de los gastos de desplazamiento o manutención que que tengan los estudiante durante el periodo de prácticas. Miguel Lajarín, del sindicato juvenil RUGE de UGT, se felicita por la aprobación de una norma que, en su opinión, acabará con la esclavitud que las personas becarias llevan sufriendo muchas décadas en este país.
Finalmente se mantienen las prácticas extracurriculares, que los sindicatos querían suprimir, pero se limitan a 480 horas. Miguel Lajarín, de UGT, recuerda que más allá de ese tiempo las empresas pueden convertir las prácticas en un contrato de formación en alternancia para evitar tener a un becario a coste cero.
La ley del estatuto del Becario ha generado discrepancias internas en el Gobierno entre el PSOE y Sumar, y cuenta con el rechazo de la Conferencia de Rectores Universitarios y de la patronal CEOE. El Gobierno murciano no cree que la norma vaya salir adelante en el Congreso tras ser aprobada sin diálogo y sin acuerdo con los sectores afectados o las comunidades autónomas. Así lo explica Juan Mª Vázquez, consejero de Universidades
Los rectores critican que se les haya excluido de la negociación del nuevo estatuto del Becario, ya que las prácticas de estudiantes universitarios "son un asunto estrictamente académico". La patronal también se opone. Asegura que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado".
La norma recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros. Serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen; estado civil; orientación sexual; o adhesión o no a sindicatos.
