La familia de la fallecida en una operación de estética celebra esta norma, que califica de "protectora" y "garantista"
El Gobierno ha actualizado este martes, a iniciativa del Ministerio de Sanidad, la normativa para establecer qué profesionales pueden realizar actividades médicas como las cirugías estéticas y otras especialidades, tras casos graves vinculados a una falta de competencias, como el de Sara Gómez, en Cartagena.
Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que la actualización de la normativa, que entrará en vigor el 1 de julio, es "sentido común convertido en ley, aprender de lo ocurrido, proteger al paciente y que cada profesional haga lo que esté preparado para hacer".
En declaraciones remitidas a los medios, García ha recordado el caso de Sara Gómez, la mujer que murió en 2022 tras someterse en Cartagena a una liposucción realizada por una persona "sin las competencias adecuadas". "Eso no va a volver a pasar", ha sostenido la ministra.
Un caso, el de Sara Gómez, que ha impulsado esta modificación. Y gracias a su familia, que emprendió una cruzada contra el intrusismo en el ámbito sanitario. Este martes, su hermano Rubén afirma que todo el esfuerzo y el calvario judicial que ha tenido que pasar ha merecido la pena.
El caso sara Gómez supuso un antes y un después en el mundo de la medicina estética. La lucha incansable de su familia y de muchos otros que los arroparon, permitió destapar la normalización de unas prácticas quirúrgicas realizadas por personal que no contaba con la preparación para ello.
La nueva normativa no afectará solo a las clínicas de cirugía estética, sino a cualquier disciplina sanitaria. Con esta aprobación por parte del Consejo de Ministros, Rubén considera que la sanidad española es más segura y garantista.
La lucha de la familia de Sara no ha sido gratis. Algunos sectores médicos se sintieron afectados y comenzaron a imponer a Rubén un calvario judicial que aún no ha terminado. Aún tiene citaciones en los juzgados pendientes.
A partir del 1 de julio, los centros sanitarios tendrán un plazo de seis meses para garantizar que su personal cuenta con la formación adecuada conforme a su especialidad, según un comunicado del Ministerio de Mónica García.
Esta reforma tiene como objetivo fundamental garantizar que los centros cuenten con profesionales sanitarios que posean la titulación oficial, así como las competencias y habilidades adecuadas a la asistencia que prestan. Los centros deberán disponer de la información y expedientes actualizados de todo su personal en cumplimiento de las nuevas garantías de formación.
Esta modificación refuerza el marco normativo que delimita qué profesionales pueden realizar intervenciones de cirugía estética, tras la identificación de riesgos asociados a prácticas realizadas por personal sin la cualificación adecuada.
