La Consejería de Salud asegura que garantiza una atención integral y respetuosa en los procesos de interrupción del embarazo
La Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública denuncia que el Servicio Murciano de Salud sigue derivando abortos a clínicas privadas, incumpliendo así la última reforma de la Ley del Aborto, en la que se dice que se debe garantizar a las mujeres la posibilidad de abortar en la sanidad pública y lo más cerca posible de su domicilio.
Han denunciado ante la fiscalía el procedimiento que lleva a cabo ahora mismo Murcia, denominado de "doble fase", que consiste en que en abortos por causa médica, la interrupción del latido se hace en la privada y la inducción al parto en lo público.
Denuncian también que la Consejería de Salud incumple el protocolo nacional de registro de objetores de conciencia del Ministerio de Sanidad, aprobado en diciembre de 2024. En él se dice que la objeción debe hacerse de forma anticipada, individual e informando a la mujer. Es decir, que no se pueden acoger instituciones, algo que está haciendo por sistema Murcia. Nos lo explica una representante de la Plataforma que prefiere mantenerse en el anonimato.
Lo que está haciendo ahora mismo el Servicio Murciano de Salud con los abortos por causa médica es el procedimiento denominado de "doble fase": el feticidio lo hacen en la concertada y la inducción al parto en la pública.
Una doble fase que describe muy bien Laura, nombre ficticio, que tuvo que interrumpir por causa médica su embarazo. En la clínica privada llevaron a cabo el feticidio, pero el bebé quedó en bradicardia, es decir, que su corazón seguía latiendo aunque lentamente. Ella insistió en irse a la Arrixaca y en la clínica le dijeron que así no la iban a querer, una frase que se le quedó marcada.
Hizo caso omiso y se presentó en la Arrixaca, donde se le practicó la inducción y pudo despedirse de su hija. Era lo que ella quería desde el principio: poder desarrollar todo este duro proceso en un hospital público.
Otro caso es el de una mujer que en la semana 22 tuvo que abortar ante una grave cardiopatía del feto, una decisión que reconoce que fue "sumamente difícil". Es este caso, se vio obligada a hacer la doble fase y la intervención se le realizó de forma completa en la clínica concertada, compartiendo espacio con mujeres que interrumpían el embarazo de forma voluntaria y que no se encontraban en su misma situación.
Fuentes de la Consejería de Salud señalan que la Región de Murcia asegura el respeto a la autonomía de la mujer en su decisión de interrumpir el embarazo: "La interrupción del embarazo en la Región de Murcia está incluida dentro del Programa Integral de Atención a la Mujer (PIAM). La atención se presta de forma integral, individualizada y desde el respeto a la autonomía de la mujer en su toma de decisiones y se ofrece ayuda psicológica en función de las recomendaciones del profesional sanitario".
Dichas fuentes añaden: "La legislación se cumple nuestra Comunidad, donde venimos trabajando para mejorar el proceso de interrupción del embarazo. De hecho, desde el último trimestre de 2021, tras pasar por el comité clínico de la Arrixaca, las interrupciones de causa médica por encima de 22 semanas se realizan en este hospital.
Se han incorporado además unas mejoras en las condiciones y garantías sanitarias y psicosociales para la mujer que decide interrumpir su embarazo.
En cuanto a la derivación a centros privados, la atención a la interrupción del embarazo entre las semanas 15-22 está organizada en la Región según las premisas de la ley vigente, siguiendo un modelo de atención concertada con centros acreditados y vinculados.
El registro de objetores de conciencia existente cumple con la nueva ley y todas las garantías de confidencialidad para los profesionales".
