El Ministerio de Sanidad advierte a las comunidades autónomas que se tomarán medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley que obliga a realizar estas intervenciones en hospitales públicos
La sanidad murciana deriva a clínicas privadas más del 99% de los abortos. El Ministerio de Sanidad advierte a las comunidades autónomas que se tomarán medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley que obliga a realizar estas intervenciones en hospitales públicos.
La última reforma de la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo, de 2023, garantiza el derecho al aborto en la sanidad pública por la vía de urgencia, entre otras modificaciones. Además, reconoce la objeción de conciencia como un derecho individual de los profesionales y obliga a la creación de un registro de objetores.
De los 3.600 abortos realizados en la Región en 2023, sólo 25 se hicieron en hospitales públicos; el resto se derivó a centros privados.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este viernes a las Comunidades Autónomas, en el Consejo Interterritorial de Salud, que su departamento tomará las medidas oportunas para que se cumpla y garantice el aborto en los términos establecidos por la ley.
Pese a estos datos, el Servicio Murciano de Salud (SMS) indica, a través de su gabinete de prensa, que la ley se cumple en esta comunidad y que las interrupciones de causa médica por encima de las 22 semanas se realizan en La Arrixaca. Nada dicen sobre los abortos voluntarios contemplados hasta la semana 14.
En cuanto al registro de objetores, estas fuentes indican que se han inscrito 41 profesionales, de los cuales 39 son médicos de diferentes especialidades. El SMS no aclara si modificará su política de derivaciones tras el requerimiento del Ministerio.
Quien sí se ha pronunciado sobre este asunto es la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública en la Comunidad de Murcia, que aplaude la postura del Ministerio. Su portavoz, Abel Novoa, critica la situación y la resistencia a que el sistema público asuma esta responsabilidad legal.
Novoa considera que se está produciendo un maltrato institucional a las mujeres y afirma que en la Región está todo por hacer para garantizar este derecho fundamental.
La Región de Murcia encabeza el ranking nacional en abortos sin anticoncepción previa, con un preocupante 71 % de mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo sin haber utilizado ningún método anticonceptivo, según la última estadística del Ministerio de Sanidad correspondiente al año 2023. Esta cifra sitúa a la comunidad más de 20 puntos por encima de la media nacional, que también refleja un alto índice de falta de prevención, con un 46 %.
La educación sexual entre adolescentes y las campañas institucionales no están dando los resultados esperados. A pesar de los esfuerzos en formación escolar y de campañas públicas, muchas centradas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la adopción de medidas anticonceptivas sigue siendo muy baja.
El preservativo, uno de los métodos barrera más accesibles y eficaces tanto para evitar embarazos no deseados como para proteger la salud sexual, es el más utilizado entre quienes sí emplean anticonceptivos. No obstante, la mayoría de mujeres que abortan en Murcia no lo utilizan.
El perfil mayoritario de quien acude a una clínica para interrumpir su embarazo en la Región de Murcia es el de una mujer entre 20 y 29 años, con estudios de Educación Secundaria o Bachillerato. Además, más del 33 % ya había abortado en una o más ocasiones anteriores. El centro de salud público es el principal punto de referencia para solicitar información.
En total, durante el año 2023, 3.682 mujeres interrumpieron su embarazo en la Región de Murcia, de las cuales un 13 % eran menores de 20 años.
