El objetivo común es conseguir una misma estructura de examen en todo el territorio nacional, señala la vicerrectora de la UMU Sonia Madrid
ANA R. GÓMEZ / JORGE VELÁZQUEZ
Las comunidades autónomas armonizan las pruebas de acceso a la universidad, la PAU, con criterios comunes para todo el territorio nacional. Las comisiones estatales de materia han acordado ya el porcentaje de respuestas prácticas, tipo de puntuaciones y competencialidad.
También, asuntos más concretos, como por ejemplo que la ortografía no penalice en la asignatura de Matemáticas o en las pruebas con textos cortos y sencillos. De momento, se ha resuelto proponer un margen de preguntas optativas del 40 % en esa asignatura y un máximo del 50 % en Geografía. El consenso se ha conseguido en 30 materias de las 35 que evalúa la PAU.
La doctora Sonia Madrid Cánovas, vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia, explica que el objetivo común es conseguir una misma estructura de examen en todo el territorio nacional. Son inevitables las diferencias de contenido en Secundaria y Bachillerato entre comunidades autónomas, pero pueden acordarse cuestiones generales.
La forma y extensión de la prueba, la aplicación de optativas, de competencias, y también cómo corregir y puntuar cada materia son algunas de las cuestiones técnicas que, en distintos grupos de trabajo, están elaborando 570 especialistas.
Sonia Madrid también destaca la relevancia de establecer un mínimo de opciones en cada materia, no solo para que el alumnado sepa a qué atenerse, sino también para prever posibilidades realistas de puntuación.
Cinco materias aún quedan por armonizar: Técnicas gráficas plásticas; Biología y empresa; Diseño de modelos de negocio y dos idiomas: Portugués e Italiano. Las comisiones también han decidido seguir trabajando en aspectos como el "redondeo" que realiza cada distrito universitario en las notas de materias como Física, relevantes para la puntuación final.
Finalmente, será el Ministerio de Educación la institución que apruebe la propuesta completa, que deberá recibir el visto bueno de cada una de las comunidades autónomas.
