El Gobierno pacta con Junts el reparto de menores migrantes: Cataluña acogerá entre 20 y 30 de los 4.000
El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras defiende que los menores migrantes no acompañados están mejor con sus padres. Subraya que la capacidad de acogida de la Región de Murcia sobrepasa el 200 % y afirma que, dadas las circunstancias, no acogerá más menores.
Al menos 11.000 menores migrantes no acompañados están tutelados actualmente por las comunidades autónomas, según datos facilitados por fuentes de diversas autonomías. En el caso de la Región de Murcia son 500.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados desde zonas de llegada como Canarias y Ceuta cuando su ocupación llegue al 300 % de su capacidad.
Lo ha hecho después de cerrar un acuerdo con Junts la noche del pasado lunes que garantiza el apoyo de esta formación para su convalidación en el Congreso, que se espera para la primera quincena de abril, y significará el traslado de 4.000 menores desde Canarias y 400 de Ceuta en este primer año al resto de autonomías.
El texto aprobado modifica el artículo 35 de la ley de extranjería con cuatro puntos añadidos.
El primer paso para ejecutar la reubicación de menores es saber cuántos jóvenes acoge cada comunidad autónoma y para ello el Gobierno pedirá a las autonomías que lo certifiquen antes del 31 de marzo.
Si las comunidades no facilitaran sus datos, el Gobierno emplearía registros propios para seguir adelante con el procedimiento.
El real decreto ley protege en todo caso la autonomía de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para modificar, por unanimidad, cualquier aspecto del real decreto ley.
Si no se acuerda otro criterio diferente, el texto establece que cuando una comunidad autónoma alcance el triple de su ocupación estructural para atender a los menores, podrá declarar que está en situación de contingencia migratoria y así se lo trasladará al Gobierno, que activará los mecanismos de reparto.
Para calcular la capacidad ordinaria de acogida de una comunidad, se sumarán los datos de menores de todas las comunidades y se dividirá la población del conjunto del país por ese número.
Después, se dividirá la población de la comunidad autónoma por ese último número y el resultado es lo que se considerará la capacidad ordinaria de cada autonomía.
El real decreto ley dicta los criterios según los cuales el Estado determinará la nueva ubicación de los niños, de acuerdo a unos criterios objetivos, que son prácticamente los mismos que los acordados en 2022 por las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial.
En concreto, y siempre si la Conferencia Sectorial no aprueba otra cosa por unanimidad, se tendrá en cuenta estos factores, con esta ponderación: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %).
El Gobierno ha dicho no tener aún cifras de cuántos niños y adolescentes tendrá que acoger cada comunidad al no disponer de los datos actualizados de las autonomías, pero Junts ha adelantado que, según el acuerdo alcanzado, Cataluña recibirá entre 20 y 30 y Madrid acogerá a más de 700.
Según la última estimación del Gobierno, del pasado mes de octubre en base a criterios de población y esfuerzo de acogida, la Comunidad de Madrid y Andalucía tenían déficit de 1.145 y 839 plazas, respectivamente, para la acogida de menores en general, no solo migrantes, y la Comunidad Valenciana debería crear 764 nuevas plazas.
La ley contemplará los traslados de los 4.400 menores que están hoy en Canarias y Ceuta en el plazo de un año y, para aquellas zonas que se declaren tensionadas en función de este nuevo marco, que los nuevos menores que lleguen a estos territorios se puedan trasladar en 15 días.
Uno de los elementos más importantes para las comunidades es el de la financiación y, a este respecto, el Gobierno ha asegurado que "se garantiza la suficiencia financiera" a través de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará un crédito extraordinario de 100 millones de euros para este año.
El Ejecutivo no ha precisado qué cubrirá exactamente esta partida aunque sí ha detallado que la cuantía variará de un año para otro en función de las circunstancias.
El escollo para llevar a cabo todo este mecanismo es la oposición de las comunidades autónomas del PP mostrado hasta ahora, alegando falta de transparencia por parte del Gobierno a la hora de diseñarlo o aludiendo a su incapacidad para acoger a más menores por tener sus recursos también saturados.
Ayer mismo, el presidente de la Generalitat Valenciana aseguró que la comunidad "no admitirá más repartos de inmigración ilegal" tras un acuerdo con Vox para sacar adelante sus presupuestos y el PP ha señalado este mismo martes que sus comunidades no admitirán a más menores si no lo financia el Estado.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá y ha avisado que recurrirá en los tribunales y en la UE el texto.
Fuentes del Gobierno han precisado que no contemplan sanciones en el caso que las autonomías realmente se nieguen a cumplir la ley, pero han señalado que trabajarán para hacer entender al PP que se trata de un asunto de Estado.
Lo aprobado hoy por el Gobierno responde a una reivindicación histórica de las Islas Canarias ante la saturación de sus recursos para atender a los menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago, ya que, según el marco actual, estos quedan bajo tutela del territorio al que llegan.
Después de un 2024 de récords de llegadas por la ruta canaria, el archipiélago tutela a 5.800 menores y, desde hace más de un año, el Gobierno de las islas y el central han trabajado para sacar adelante la iniciativa.
PSOE, Sumar y Coalición Canaria la llevaron al Congreso en julio del año pasado, pero esta no superó su toma en consideración por la falta de apoyo de Junts, Vox y el PP.
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, cree que el acuerdo PP-Vox en Valencia para aprobar los Presupuestos es positivo para esa comunidad. Señala que lo que no es normal es que el Ejecutivo nacional no haya presentado unas cuentas públicas en lo que llevamos de legislatura. Desde Málaga, López Miras ha afirmado que se está incumpliendo el mandato inconstitucional, al tiempo que observa que no hay visos este 2025 de que el Gobierno de coalición vaya a presentar los Presupuestos.
Preguntado por si el Gobierno regional firmaría un acuerdo con Vox como el alcanzado en la Comunidad Valenciana, que contempla la devolución de los menores no acompañados a sus países de origen, López Miras defiende que los menores están mejor con sus padres, aunque reconoce la falta de competencias autonómicas en este ámbito. Traslada que la capacidad de acogida de la Región de Murcia sobrepasa el 200 % y subraya que la Región de Murcia, dadas las circunstancias, no acogerá más menores.
López Miras comparte que hay políticas medioambientales a nivel europeo que están asfixiando a agricultores y ganaderos y pide una revisión de las políticas verdes europeas. A la vez que pide menos dogmatismo climático en el Ministerio para la Transición Ecológica, le pide que ejecute las infraestructuras pendientes en la cuenca del Segura que ayudan, en su opinión, a prevenir avenidas.
PP y Vox han votado juntos en la Asamblea contra la cesión de transferencias sobre inmigración a Cataluña. El PSOE ha defendido en el Pleno el acuerdo con los independentistas, mientras que Podemos ha acusado al resto de grupos de criminalizar la inmigración.
El debate nacional sobre las transferencias en inmigración se trasladaba hoy al parlamento murciano con la votación de una moción del PP mostrando su rechazo frontal a la cesión de competencias en esta materia a Cataluña por estimarla inconstitucional. Los populares conseguían el apoyo de los de Abascal al aceptar una enmienda parcial.
Para los populares, la cesión de competencias atenta claramente contra la soberanía nacional.
Los socialistas se quedaban solos defendiendo el acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes. La ley que regulará esta cesión de competencias acaba de ser admitida a trámite en el Congreso y, según la diputada María Dolores Jara, no hay duda de que saldrá adelante.
La diputada de Podemos María Marín arremetía contra los socialistas por comprar, decía, el argumentario del racismo y la xenofobia de Junts, a la vez que rechazaba la moción del PP por criminalizar la inmigración.
