La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, asegura que de haberse tomado otras decisiones, y de haberlas adoptado mucho antes, se habrían salvado vidas.
Justicia es lo que piden, no solo las víctimas, sino buena parte de los valencianos que, por decenas de miles, han salido 12 veces a la calle para denunciar que se pudo hacer mucho más. Señalan como máximo responsable al presidente Mazón, que en las horas críticas comía con una periodista y, a cuenta gotas, ha ofrecido varias versiones de lo que hizo aquella tarde hasta que llegó al CECOPI después del ES ALERT. El está aforado, pero ya hay dos imputados: la exconsejera de emergencias, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso.
Si algo tiene claro la jueza de instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, es que la actuación de los responsables de la emergencia fue "groseramente negligente" y que de haberse tomado otras decisiones y, por supuesto, haberlas tomado antes, habría salvado vidas. El sumario acumula varios tomos y han sido muchas las declaraciones recogidas. De ellas, la juez también descarta el "supuesto apagón informativo" en el que se escuda la Generalitat de las agencias estatales para justificar la tardanza en el envío del mensaje. Entre los declarantes, el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo.
También exonera la jueza a la Delegación del Gobierno. Su titular, Pilar Bernabé, dice que explicar donde estaba cada uno y que hacía en cada momento, es una cuestión de decencia.
Pradas y Argüeso depositan toda la responsabilidad en el gobierno central o en los técnicos. El presidente Mazón no ha recogido el guante de la jueza que le ha ofrecido declarar en varias ocasiones. Ha contado lo que hizo en diferentes comparecencias y ante periodistas muy insistentes.
Hoy, en una declaración institucional ha insistido en que se hizo todo lo que se pudo, pero venía a reconocer errores.
