Hacienda presenta este lunes la senda de déficit, primer paso para los presupuestos. Las comunidades del PP acuden al encuentro con Hacienda "sin expectativas" y con demandas sobre la renovación del sistema de reparto
El Gobierno regional no tiene "esperanza" de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne este lunes, avance en la reforma del sistema de financiación autonómica. En el orden del día figura que se hablará sobre la situación actual del modelo de reparto, pero no sobre su reforma, algo que afean desde nuestra comunidad.
El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, será el representante de la administración autonómica en esa cita. A través de un comunicado ha señalado que "es intolerable" el planteamiento de cómo se abordará el asunto. Dice Marín que la reforma del sistema "es urgente" ya que cada murciano recibe casi 1.100 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada. De ahí, el ejecutivo regional deduce que deberían de recibir 1.675 millones de euros más cada año.
El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, lamentaba hace unos días que el Gobierno de España no tenga los apoyos parlamentarios para aprobar el techo de gasto ni la senda de estabilidad. El dirigente yeclano señalaba tras la última reunión ordinaria del Consejo de Gobierno que "no tenemos esperanza de que se avance en la reforma de ese sistema de financiación que lleva caducado diez años y nos mantiene como la comunidad peor financiada".
Ortuño aseguraba que la Región de Murcia va a acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal "con la máxima lealtad y con voluntad de trabajar" pero ha señalado que el Gobierno central se encuentra paralizado y es incapaz de aprobar propuestas si no es cediendo a los intereses de los independentistas. El ejecutivo central "está maniatado y es incapaz de sacar adelante una sola propuesta si no es con el apoyo de los separatistas e independentistas", señalaba Ortuño.
Estos argumentos no son aislados. Las comunidades autónomas del Partido Popular (11 de las 17) acudirán al encuentro convocado para este lunes por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con pocas expectativas y con demandas de cara a una reforma del sistema de financiación. Son escépticos sobre la senda de estabilidad que el Gobierno tiene previsto aprobar el martes, y al informe sobre la modificación del sistema de financiación autonómica.
La consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, cree "un punto de relleno" en el orden del día, incluido solo para evitar las quejas de las autonomías que llevan años reclamándolo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificaba de "un poco secundario" el objeto principal de la convocatoria del Consejo -la senda de estabilidad- y dudar de que se vaya a tratar a fondo "lo que verdaderamente interesa: la financiación autonómica".
La cita de este lunes quiere ser aprovechada por el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno para reclamar que se destinen 4.000 millones de euros en el marco de un nuevo sistema de financiación para costear los servicios públicos de su comunidad, lo mismo, ha recordado el propio Moreno, que exigió en marzo de 2018 la hoy ministra, María Jesús Montero, al entonces Gobierno de Mariano Rajoy cuando era la responsable de Hacienda de la Junta. También planteará exigencias el Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page, que ha señalado que su Gobierno defenderá en el Consejo, primero, que el régimen común siga "siendo común", de forma que "no haya singularidades con privilegios", y, segundo, una mayor participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado.
La presentación de la senda de estabilidad a las regiones y su posterior aprobación en Consejo de Ministros constituye el pistoletazo de salida hacia los presupuestos, que acumulan ya meses de retrasos. En el encuentro del lunes, Hacienda propondrá unos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el periodo 2026-2028, tanto para el conjunto del sector público como desagregados por subsectores, que serán acordes con los compromisos europeos y que tienen garantizada su aprobación porque el Gobierno cuenta con la mitad de los votos.
Estos objetivos serán después aprobados en el Consejo de Ministros junto al techo de gasto -que no se vota- y remitidos a las Cortes, que podrán avalarlos o rechazarlos -si los aprueba el Congreso pero los rechaza el Senado, la Cámara Baja podría retirar el veto-.
En caso de rechazo (algo previsible dada la oposición de Junts, que ya tumbó la senda de estabilidad 2025-2027), el Gobierno tendrá que volver a aprobar la senda en el plazo de un mes, ya sea la misma o una nueva, y reiniciar todo el procedimiento. Si la segunda senda también es rechazada, entrarán en vigor los objetivos remitidos a Bruselas, sin que Hacienda haya aclarado si serán los del programa de estabilidad de 2023 (2,5 % del PIB de déficit para 2026) o los la del plan fiscal (2,1 % del PIB).
