Así lo recoge un informe del Ministerio de Sanidad, sin embargo, también destaca que en la Región las interrupciones voluntarias del embarazo que van más allá de la semana 23 se realizan en centros públicos
El informe presentado hoy al Consejo de Ministros pone de manifiesto que 4 de cada 5 abortos se siguen practicando en la privada y que hay una enorme desigualdad territorial. Hay comunidades como Cantabria o Galicia donde el 75% de los abortos se practican en la sanidad pública y otras donde apenas se alcanza el 1% como Andalucía, Madrid, Extremadura o Murcia. No obstante la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que las interrupciones del embarazo más complejas, las que se superan la semana 22 y 23, se realizan mayoritariamente en la pública. Y ponía el ejemplo de Murcia, la ministra aseguraba que "tanto Asturias, como el País Vasco o Murcia que tienen niveles bajos globales de prestación pública, sí que han conseguido garantizar que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las 23 semanas se realice en la pública casi al cien por cien"
La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo, el 77%, se realizan antes de la semana 8. El método farmacológico fue el predominante frente al quirúrgico en las comunidades con mayor proporción en centros públicos. Para la ministra, las buenas prácticas ya están identificadas "usar el este método farmacológico en las fases tempranas, garantizar la libertad de elección y y garantizar que los casos avanzados se atiendan en la red pública. El reto ahora mismo es extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, para poder cumplir la ley, para garantizar la equidad. Para proteger el derecho a la salud y normalizar algo que las mujeres tenemos normalizado desde hace décadas".
Mónica García ha apuntado a dos comunidades que concentran la mitad de las interrupciones voluntarias del embarazo: Madrid y Andalucía. Y ha señalado que España daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública si estas dos regiones alcanzaran un nivel medio de prestación pública.
La ministra ha advertido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que pondrá en marcha "todas las herramientas" a su alcance para que elabore el registro de objetores de conciencia como obliga la ley del aborto.
