Un familiar de una de las residentes denunció irregularidades en la atención social y médica. La Comunidad puede decidir su cierre administrativo aunque lo más inmediato es la apertura de un expediente
REDACCIÓN. Murcia
La residencia de ancianos ILE Senior Club, en pleno centro de Murcia, está siendo investigada judicialmente. Sus residentes están ahora con sus familiares, después de las denuncias de irregularidades en la atención social y médica, y también respecto a sus recursos económicos.
La residencia, que no tiene la acreditación regional necesaria, buscaba clientes entre personas de alto nivel económico, según comentaba en una entrevista en Onda Regional el responsable del Servicio de Emergencias de Atención Social del Ayuntamiento de Murcia (SEMAS), José Morales.
Agentes de la Policía Nacional practicaron en la tarde-noche de este martes un registro en la residencia con el fin de constatar si alguno de los mayores allí internados ha podido sufrir trato degradante por parte de los dueños o empleados.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está coordinando con la Policía Nacional y el Servicio de Emergencias de Atención Social del Ayuntamiento los pasos a seguir.
La administración regional podría decidir el cierre administrativo, si bien lo más inmediato es la apertura de un expediente a raiz de la inspección realizada ayer. Sería la primera medida legal adoptada por la comunidad autónoma, que puede demorarse horas o días, según el secretario general de la Consejería, Manuel Marcos Sánchez.
La Comunidad asegura que este centro no está registrado como "residencia de ancianos" en el Registro de Centros de Servicios Sociales y que no existen denuncias de familiares en la Consejería. Además, la administración regional realizó dos inspecciones anteriormente y, cómo no detectó la presencia de residentes, decidió interponer una sanción contra los responsables por "publicidad engañosa".
La orden de registro la habría dictado el juzgado de guardia después de que un familiar de una de las residentes denunciara que la voluntad de la mujer podía haber sido doblegada, mediante el uso de fármacos, para luego acompañarla hasta una entidad bancaria y tratar de extraer de sus cuentas una elevada cantidad de dinero. Solo las sospechas de los empleados del banco habrían impedido que el intento tuviera éxito.
El juez habría autorizado a entrar en las viviendas, que supuestamente carecen de licencia como residencia de ancianos, para conocer cuál es el estado de salud de los allí alojados y de tratar de obtener pruebas del presunto intento de estafa.
