Entre sus misiones, visibilizar las discriminaciones por motivo de género, luchar contra la violencia machista, o fomentar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres
REDACCIÓN | AGENCIAS
La Región de Murcia pondrá en marcha un Observatorio de la Igualdad para visibilizar las discriminaciones por motivo de género, luchar contra la violencia machista, fomentar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y potencia la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida.
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves el decreto que regula la composición, organización y funcionamiento de este observatorio, que será un órgano permanente de participación social y estará compuesto por un pleno y por las comisiones permanentes de igualdad, de violencia de género y de publicidad e imagen no sexista.
La Comisión de Igualdad tendrá como principal objetivo analizar la evolución, los motivos de la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres, e identificar los obstáculos para la igualdad efectiva, y para ello recogerá información y estadísticas y difundirá sus resultados.
En cuanto a la comisión especializada en violencia de género, servirá para coordinar, investigar y evaluar las distintas acciones llevadas a cabo en la Región de Murcia contra ese tipo de violencia, así como presentar propuestas de mejora en los servicios y prestaciones que se ofertan.
Por último, la Comisión de Publicidad e Imagen no sexista velará por la eliminación del sexismo en los mensajes publicitarios, promoverá la incorporación de mensajes positivos que contribuyan a erradicar todo tipo de discriminación por razón de género y defenderá que los contenidos mediáticos no maltraten ni degraden la imagen de la mujer.
Además, en el seno del Observatorio se podrán constituir otras comisiones de trabajo formadas por expertos, asociaciones y entidades dedicadas a promover y atender la igualdad, que realizarán propuestas, recomendaciones y acciones en las políticas públicas de igualdad.
El organismo elaborará también un informe anual, que remitirá a la Asamblea Regional, para evaluar el grado de cumplimiento de la ley regional de igualdad y contra la violencia de género y su impacto social.
