El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para "trabajar de forma conjunta por la Región"
REDACCIÓN. Cartagena
El Gobierno regional tendrá que tramitar como proyecto de ley el decreto de medidas de mitigación del impacto del COVID-19 en la vivienda y las infraestructuras. Así se ha decidido hoy en un pleno de la Asamblea Regional en el que Podemos ha anunciado un posible recurso de inconstitucionalidad contra una iniciativa que modifica la ley de Puertos, la de Vivienda, la de Ordenación del Territorio y la de Transporte.
El consejero de Fomento José Ramón Díez de Revenga ha defendido medidas como ofrecer 650 viviendas sociales en propiedad, el refuerzo de la mediación hipotecaria, herramientas para mejorar el sector del taxi, el fomento de la actividad en puertos deportivos, el impulso a la declaración responsable en la concesión de licencias municipales, facilidades en la implantación de energías renovables o la flexibilización de plazos a los afectados por los terremotos de Lorca. Para el consejero de Fomento facilitar la actividad económica en una situación extraordinaria no está reñido con el respeto al medio ambiente.
Para Alfonso Martínez del PSOE el decreto es una desregulación de la actividad económica que no contribuye a la recuperación, al tiempo que califica de irresponsable que se permita la declaración responsable en la construcción de un edificio o excluir los estudios de detalles de la evaluación ambiental.
Vox cree que muchas de las medidas, aunque positivas, no están relacionadas con las dificultades provocadas por el coronavirus, y propone que no se abuse de los decretos y que se tramite como proyecto de ley, según Juan José Liarte.
La portavoz de Podemos María Marín señala que lo último que necesita la Región es volver a viejas practicas en materia de urbanismo o medidas regresivas en materia de vivienda que estudiarán por si incurren en inconstitucionalidad.
Francisco Álvarez, de Ciudadanos, defiende una simplificación administrativa compatible con el medio ambiente para salir de la crisis, critica el intervencionismo del gobierno de la nación y solicita la tramitación como proyecto de ley de un decreto del ejecutivo en el que participan como socios.
El popular Juan Antonio Mata, que ha reprochado a la oposición que no entendiera la urgencia del decreto, cree que pone los mimbres para facilitar la inversión y para que el mercado se reactive.
