Otra parte se destinará a un fondo para educación de 2.000 millones y otra para transporte, de 800 millones
REDACCIÓN | AGENCIAS
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el reparto de 16.000 millones de euros entre las Comunidades Autónomas no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus, con un primer fondo de 9.000 millones dedicado a cubrir el gasto sanitario.
El Ministerio de Hacienda ha tratado con las autonomías el reparto de este fondo y ha cambiado su distribución desde la primera propuesta que hizo precisamente a raíz de las conversaciones con los consejeros. La mayoría asegura que no está conforme del todo con el resultado lo que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la prueba de que el reparto "ha sido justo".
Uno de los debates suscitado entre las Comunidades ha sido el peso de la población como criterio de reparto del fondo para gasto sanitario, reivindicado por las autonomías más pobladas como la Valenciana. Hacienda planteó desde el principio este fondo como una manera de ayudar a los territorios más afectados por el coronavirus, por lo que los criterios de reparto no son los del sistema de financiación autonómica sino que los gastos sanitarios por UCIs, PCR realizadas y hospitalización pesan más.
Con el cambio anunciado la semana pasada, estos criterios siguen siendo los más importantes pero el de la población ha pasado a ser algo mayor, lo que ha suavizado las protestas de gobiernos como el andaluz o el gallego al menos en este aspecto. Mañana en cualquier caso se conocerán los porcentajes definitivos.
Inicialmente, el Gobierno planteó un fondo de 10.000 millones para gasto sanitario, otro de mil millones para asuntos sociales y 5.000 millones más para compensar la caída de ingresos. Finalmente, 9.000 millones se destinarán a esos gastos sanitarios, otros 2.000 millones se destinarán a un fondo de educación y se mantendrá el tercer paquete para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones irán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.
En cuanto al fondo para Sanidad, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35 por ciento, cuando en la propuesta inicial era el 20. Este primer tramo se pagará en julio. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40 por ciento al 45 por ciento. El resto en ambos casos serán criterios sanitarios y este martes se conocerá su porcentaje definitivo tras el Consejo de Ministros de Ministros.
El fondo para educación será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial. Fuentes autonómicas han explicado que la población de 0-16 años pesará el 80% y el 20 por ciento restante, la de 16 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre y desde el Gobierno no se han precisado más criterios de reparto, salvo que responde a la necesidad de reforzar los centros educativos ante el nuevo curso para afrontarlo con seguridad.
En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final el reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.
LAS CCAA, A LA ESPERA DE DATOS
El Gobierno regional ha criticado que nada conocen de la cantidad final que a la Región llegará del fondo y subraya que los últimos cambios de criterio acometidos por Madrid para repartir ese dinero producen hondas desigualdades entre autonomías que pueden rondar hasta el 200 por cien.
Atendiendo al criterio poblacional a nuestra comunidad, según los cálculos de la consejería de Hacienda, le corresponderían 480 millones de euros. y con los actuales criterios planteados por Moncloa, del fondo no reembolsable a Murcia llegarán apenas 200.
La Comunidad pide que se cumpla el derecho de igualdad de los españoles ya que, según entiende, con el actual modo de reparto "se rompen los criterios constitucionales". Esto lo atribuye a intereses políticos de Moncloa para apuntalar mayorías apoyándose en formaciones nacionalistas en el Congreso de los Diputados.
