Dado el caso, se estudiaría si es legal despedir a un empleado de residencia que se niegue a recibir la dosis. Carmelo Gómez, de ARSALU advierte que "tenemos todos una responsabilidad y podemos causar mucho daño"
PACO MARTÍNEZ.
Existe preocupación en las residencias de mayores ante las dudas que un grupo minoritario aunque significativo de trabajadores muestran frente a la vacunación contra el coronavirus. La situación ha exigido la puesta en marcha de una campaña de concienciación para tratar de convencer a todos los trabajadores de que deben administrarse la vacuna por responsabilidad, aunque los departamentos legales de las residencias estudian si, llegado el caso, sería posible recurrir incluso a la rescisión del contrato de aquellos que se negaran a recibir el tratamiento. Carmelo Gómez, presidente de ARSALU, una de las organizaciones que gestionan varias residencias de mayores en la Región de Murcia dice que no son muchos, pero que la resistencia de algunos trabajadores a vacunarse es motivo de preocupación, porque esas personas pueden convertirse en vectores de contagio en un entorno especialmente sensible. "Ya ha ocurrido con la vacuna de la gripe, que no ha alcanzado una cobertura del 100%, desgraciadamente. Todavía hay personas que tienen miedo a posibles efectos secundarios, quizá por culpa de las Fake News, esas noticias alarmistas e injustificadas que no son fiables y aparecen sobre todo en redes sociales".
De momento, las entidades que gestionan estos centros han lanzado campañas de concienciación para tratar de convencer a los indecisos. Pero sus departamentos legales estudian cómo podrían reaccionar ante un trabajador que se niegue a recibir la vacuna. El asunto es muy delicado, pero no descartan recurrir incluso al despido: "Si se da el caso será peliagudo porque hay que valorarlo y estudiar muchas posibilidades. No me gusta hablar de una rescisión de contrato, porque es algo muy duro y más en los tiempos que corren, pero también hay que poner sobre la balanza la responsabilidad que todos debemos tener y el daño que se puede causar".
Aunque en menor medida, también los familiares de algunos residentes se muestran reticentes a administrarles la vacuna. Afirma Carmelo Gómez que es un asunto que tendrá que resolver la Consejería de Salud. Por lo demás, los preparativos están en marcha: se han actualizado los listados de usuarios y trabajadores y todo está listo para empezar la campaña. Lo previsto es que sean los equipos de atención primaria los que se desplacen a las residencias para inyectar el tratamiento, aunque nuestro interlocutor no cree que eso ocurra antes de la primera semana de enero: "Si el 27 empiezan a llegar las vacunas, están congeladas, son muchas residencias... creo que eso supondrá una inversión de tiempo".
También está previsto un dispositivo para hacer el seguimiento de todos los vacunados porque, aunque las pruebas realizadas no anticipan reacciones graves entre la población mayor, siempre hay un cierto margen de riesgo y faltan por comprobar sus efectos a medio y largo plazo: "Hay que hacer un seguimiento, una vigilancia de todas las personas vacunadas. Parece que en personas mayores no hay grandes efectos secundarios ni reacciones inesperadas, pero esta valoración deberá hacerse a largo plazo".
