La consejería de Educación reconoce que todavía no ha decidido si los profesores contratados este año como refuerzo seguirán trabajando en los colegios el próximo curso
PACO MARTÍNEZ. Murcia
Los sindicatos de enseñanza y los directores de los centros educativos de la Región coinciden en que la Consejería que dirige Mabel Campuzano debería seguir las indicaciones de la ministra Celaá y garantizar, cuanto menos, la continuidad para el próximo curso de los docentes contratados este año como refuerzo COVID.
Hablamos de unos 1.500 profesores que al sindicato UGT le siguen pareciendo pocos. El responsable de la Federación de Enseñanza, Ernesto de la Cruz, recuerda que con esa dotación la mayor parte del curso se ha desarrollado en la Región en régimen de semipresencialidad, situación que sólo se ha corregido en estas últimas semanas a costa de incumplir la distancia mínima de un metro y medio entre alumnos. Si Murcia quiere respetar el protocolo acordado con el Ministerio para el próximo curso, es evidente que será necesario "no sólo mantener lo que ya hay, sino contratar a más profesores".
Tanto UGT como CCOO fueron desde el primer momento muy reivindicativos en este sentido. Según sus cálculos, el sistema educativo regional necesitaría un refuerzo de al menos 2.500 docentes para asegurar la presencialidad plena. Hoy lo ha vuelto a plantear Ernesto de la Cruz que pide también una mayor coordinación de la consejería con los equipos directivos de todos los colegios.
Precisamente en nombre de esos equipos directivos ha hablado la presidenta de la Asociación de Directivos de Primaria. Mariaola Sanz, cree que la continuidad para el próximo curso de los docentes de refuerzo es esencial y no sólo por una cuestión sanitaria. También porque el sistema educativo se va a enfrentar al reto de tener que compensar el déficit formativo que ha acumulado por el cierre de los colegios en el último trimestre del año pasado y la semipresencialidad de la mayor parte de este curso.
En esa misma línea va también el mensaje del presidente de ANPE, Clemente Hernández, que insiste en que tanto el ministerio como las comunidades deben dotar a los centros de las herramientas necesarias para garantizar una presencialidad segura que permita compensar las repercusiones negativas que deja este curso.
AÚN NO ESTÁ DECIDIDO
La consejería de Educación reconoce que todavía no ha decidido si los profesores contratados este año como refuerzo seguirán trabajando en los colegios el próximo curso, aunque desde ese departamento ya se insinúa que para que eso fuera posible el Ministerio debería enviar más financiación. La ministra Celaá ya explicó ayer que la decisión depende de las comunidades, que serán las que deberán decidir si dedican a esa contratación parte de los 10.000 millones de euros que van a recibir de los fondos europeos o de los 13.000 millones de las transferencias extraordinarias del ministerio de Hacienda.
Respecto a las medidas de seguridad incluídas en el protocolo aprobado ayer en la reunión entre ministerio y comunidades autónomas, la consejería de Educación las interpreta como un compendio de "recomendaciones generales que podrá adaptar" a la situación concreta de la región y de su sistema educativo. En ese sentido, la consejera Mabel Campuzano ha explicado que será la comisión mixta de los departamentos de Educación y Salud del gobierno regional la que determine el protocolo que se deberá cumplir en los centros escolares de nuestra comunidad. Y ha adelantado que se contempla reducir a un metro la distancia mínima entre alumnos porque, de lo contrario, sería imposible garantizar la plena presencialidad.
Parece que hay conflicto a la vista, porque la ministra Celaá ya dejó ayer claro que el protocolo acordado estaba hecho "para ser aplicado", e insistió precisamente en que se había determinado una distancia mínima de 1,2 metros pese a que algunas comunidades eran partidarias de rebajarlo a sólo un metro.
La consejera de Educación, que como recordarán nos dijo aquí al poco de su nombramiento que ella no pensaba ponerse la vacuna contra el COVID, afirma ahora que -aunque esa decisión no le corresponde- ella vería bien que se decidiera vacunar a todos los alumnos de entre 12 y 16 años antes de que comience el próximo curso.
