El Ejecutivo pretende introducir en España los principios de "el que contamina, paga" y "el que usa, paga"
ALBERTO SOLER | AGENCIAS
Un trabajador que viva en Cartagena y que tenga que desplazarse a diario a Murcia tendría que gastar unos diez euros mensuales en el nuevo peaje para autovías y autopistas que el gobierno pretende implantar en 2024.
El cálculo resulta de aplicar un coste de cuatro céntimos de euro por kilómetro, que es una de las hipótesis que se baraja ahora mismo. Porque, de momento, todo es hipotético. Nadie sabe —a no ser en el seno del propio gobierno— cómo se implantaría el impuesto ni con qué criterios. No obstante, la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, sí ha aclarado que nunca se implantaría el sistema antes de que se hubiera consolidado la recuperación económica.
Sobre esta medida, el Gobierno dice que cuando se implante estará consensuada con los transportistas y que se intentará que sean los cargadores los que se hagan cargo del pago. También se apunta que se contará con las Comunidades Autónomas en el diseño del pago por uso. Y que su implantación será paulatina: primero en las vías de alta capacidad, como autopistas y autovías y, más tarde, en toda la red estatal de carreteras que suma más de 24.000 kilómetros (la mitad, carreteras convencionales).
El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.
En Europa, la mayoría de países tiene implantado algún sistema de pago en sus vías de alta capacidad. Países como Italia o Francia optan por el peaje convencional en sus autopistas. En el otro extremo están los países del gratis total: Alemania y Reino Unido. Y en medio, países como Austria, Suiza, Hungría o Chequia, que cobran un canon anual por el uso de las autovías y obligan a llevar un sello que lo acredite en el parabrisas. O Portugal, uno de los ultimos socios europeos en implantarlo, con un sistema de pórticos que leen las matrículas y sancionan a los que no hayan abonado la correspondiente tarifa.
Según recoge en el documento del Gobierno, esta medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que pretende introducir en España los principios de "el que contamina paga" y "el que usa paga".
Se espera que en el primer semestre de 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023.
La introducción de un sistema de ingresos que garantice fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.
Los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida. El Ejecutivo espera cierto rechazo inicial de la población en general, por lo ve aconsejable unas tarifas asumibles, escalables y progresivas. Asimismo, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.
DÉFICIT DE MANTENIMIENTO CRECIENTE
Actualmente, la red estatal supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.
El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.
Por ello, entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se prevé impulsar las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores.
Con estos peajes en las autovías, se pretende dotar al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera, introducir incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes e internalizar los costes externos ligados a factores como el impacto medioambiental (contaminación, ruido, ocupación del espacio), congestión o mantenimiento de las infraestructuras.
El Ejecutivo regional ha mostrado su "desacuerdo" con el pago de peajes en las carreteras propuesto por el Gobierno central y ha advertido de que las regiones periféricas, como es el caso de la Región de Murcia, "se ven seriamente gravadas cuando se ponen este tipo de medidas".
"Se están planteando un peaje indiscriminado que perjudica severamente a la Región de Murcia que es un región exportadora y que tiene un sector transporte muy potente que va a ver lastrada su economía y mermada su competitividad", ha indicado el titular de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.
El consejero ha calificado de "oscurantista" la medida planteada por el Gobierno central "para la que no ha contado con el sector de la construcción, ni con el del transporte, ni con las Comunidades Autónomas ni con los afectados de ningún tipo".
