El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Murcia, Javier Monje, cree que no se puede exigir a los agentes que pongan en juego su empleo por aplicar una norma, en referencia a la polémica "patada en la puerta"
REDACCIÓN. Murcia
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Murcia, Javier Monje, asegura que los cuerpos de seguridad no han recibido instrucciones claras sobre cómo actuar cuando detectan una posible fiesta ilegal en un domicilio particular. Monje dice que tal vez haya llegado el momento de que la policía "se cruce de brazos" porque no se puede exigir a los agentes que pongan en juego su puesto de trabajo por aplicar una norma que no está clara.
La polémica ha surgido tras lo ocurrido hace unos días en Madrid cuando catorce jóvenes celebraban en el interior de un piso turístico una fiesta saltándose las restricciones sanitarias por la pandemia. En un vídeo que se ha viralizado sobre ese momento se escucha a los agentes pidiendo que abran para identificar a los que se encuentran en el miso mientras una joven pregunta si tienen orden judicial. Finalmente los agentes echan la puerta abajo con el método de "patada en la puerta".
El portavoz del SUP nos ha contado que desde que empezó el estado de alarma se han encontrado con una normativa que casi siempre permitía interpretaciones a la hora de exigir el cumplimiento de las medidas de restricción: personas sin mascarilla que echaban a correr cuando se les llamaba la atención y decían estar haciendo deporte; otros que dicen tener una enfermedad que les impide llevar la mascarilla pero que no aportan un certificado médico que les exima de su uso. Pero las dudas se han disparado desde el momento en que el objetivo es impedir reuniones sociales en domicilios privados. En esos casos, nos dice Monje, no tienen instrucciones claras sobre cómo actuar.
En esas condiciones, si un agente se decide a intervenir pone en riesgo su sueldo y su carrera, porque se les está pidiendo que tomen decisiones sin un marco que les conceda seguridad jurídica. Tal vez, cree el portavoz del SUP, sea el momento de "cruzarse de brazos".
La policía tiene claro que un domicilio particular es inviolable. Y también que las fiestas que se pretenden impedir no constituyen un delito, sino una irregularidad administrativa por vulnerar una orden sanitaria. Los agentes pueden pedir al propietario de la vivienda que se identifique, incluso acusarlo de desobediencia si se niega a hacerlo. Pero para hacer lo mismo con el resto de participantes en una fiesta habría que montar guardia a la puerta de la vivienda y esperar a que vayan saliendo, como ocurrió hace unos días en Valencia, cuando las patrullas de la policía tuvieron que esperar nueve horas a que la fiesta terminara.
