Esta formación cree que el ataque, que vinculan a la extrema derecha, buscaba "desestabilizar el funcionamiento de las instituciones"
SILVIA MATEO. Cartagena
Podemos pide que el ataque a su sede de Cartagena se investigue en la Audiencia Nacional como delito de terrorismo. La formación morada ha solicitado al juzgado de Cartagena que investigaba el suceso ocurrido el pasado abril, que derive la causa a la Audiencia Nacional ya que el joven neonazi imputado es investigado por otro ataque similar en un pueblo de León.
Para el secretario regional de Organización, Ángel Luis Hernández, el móvil tiene una clara intención de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones y de alterar el orden público, lo que podría encajar como delito de terrorismo tipificado en el Código Penal.
Los disturbios producidos el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Murcia, sostiene Podemos, "tenían como finalidad imponer a las autoridades la finalización del toque de queda horario decretado para salvaguardar la salud pública y coadyuvar al derrocamiento ilícito del Gobierno constitucionalmente elegido por el Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional".
"Cabe razonar que el móvil de los delitos en cuestión no solo se basa en una cuestión de odio hacia una ideología democrática por parte de miembros de extrema derecha, toda vez que se ataca las sedes de dos partidos pertenecientes a Unidas Podemos y miembros del gobierno de España en estos momentos, si no que los ataques tienen una clara intención", añade la formación en su escrito.
Así las cosas, Podemos cree que las "conversaciones encontradas en el teléfono móvil del investigado" demuestran que el objetivo de esta organización era "desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas del estado y de alterar gravemente la paz pública, en este caso mediante el método de amenazar a una parte" del gobierno de coalición.
Es más, la formación alerta sobre lo que considera "una organización criminal que actúa en varias comunidades autónomas" y que "tiene como finalidad subvertir el estado de derecho y las leyes vigentes", contando para ello con "una peligrosa potencialidad de actuación".
