Hay 3 detenidos y 17 investigados como presuntos autores de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, defraudación, usurpación y receptación de aguas subterráneas. También se vincula a 5 empresa
REDACCIÓN. Murcia
La Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo delictivo dedicado a la sustracción y comercialización de agua subterránea de la rambla del Talayón, en los términos municipales de Lorca y Águilas, en el marco de la operación 'Aquifer', desarrollada en la comarca del Guadalentín.
En esta operación, que aún continúa abierta, la Benemérita ha detenido a tres personas e investigado a otras 17, todas como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, defraudación, usurpación y receptación de aguas subterráneas. También hay vinculadas a los hechos delictivos cinco empresas agrícolas.
Las actuaciones se iniciaron a finales de 2020, cuando guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectaron ciertas irregularidades en el uso de recursos hídricos en la comarca del Guadalentín, concretamente hallaron un pozo ubicado en la rambla del Talayón que estaba extrayendo una cantidad ingente de agua.
Las primeras pesquisas practicadas permitieron comprobar que la infraestructura hallada carecía de los correspondientes permisos para ser usada en las distintas explotaciones agrícolas y que se estaba extrayendo agua mediante un grupo electrógeno portátil ubicado a unos 100 metros aproximadamente del aprovechamiento a través de una derivación subterránea.
A continuación, los agentes verificaron que el aprovechamiento había sido manipulado o instalado originariamente con fines ilícitos y de forma fraudulenta. Además, contravenía las características de la concesión, ya que poseía una tubería oculta bajo tierra, de unos 12 kilómetros de longitud, cuyo fin era la extracción ilícita de agua del subsuelo. Además, las conducciones contaban con diversas ramificaciones y tuberías soterradas de las cuales se ha podido constatar que abastecían a multitud de parcelas con cultivos de regadío en la zona, los cuáles, además, carecen de derecho a riego.
Durante la operación, los guardias civiles han inspeccionado 24 parcelas agrícolas con un total de 125 hectáreas de superficie, las cuales, presuntamente, estaban siendo regadas con dichos aprovechamientos. De este modo, la investigación ha estimado que la sustracción total de agua puede estar alrededor de dos millones de metros cúbicos. La infraestructura tenía varios grupos electrógenos y varios kilómetros de tuberías que conducían el agua sustraída hasta las explotaciones agrícolas.
La elaboración del informe pericial ha concluido que la extracción de aguas clandestinas incrementa el riesgo de sobrexplotación del acuífero. Además se ha producido un cambio en los usos del suelo cercano a la explotación, pasando en las últimas décadas de un terreno improductivo (dadas las condiciones climatológicas imperantes en la región) a una zona dedicada a la agricultura intensiva y cambios de cultivos de secano a regadío.
Estos cambios influyen en la contaminación de las aguas subterráneas causada por el empleo de abonos y productos fitosanitarios ligados a la agricultura.
Además, la explotación se halla situada sobre un espacio perteneciente a la Red Natura 2000, creada para proteger los recursos naturales ante la pérdida de biodiversidad.
La construcción de esta explotación y sus redes de distribución junto con la acentuación de la sobrexplotación supone una alteración de los hábitats de las diferentes especies que se asientan en el espacio, algunas incluidas en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), por lo que, tanto la extracción como las transformaciones agrícolas realizadas, debieran disponer de un estudio hidrogeológico específico para la minimización de su impacto ambiental.
Los efectivos del SEPRONA han comprobado que tras la trama destapada se encuentran varios delitos, como el de defraudación y usurpación de aguas como ilícitos principales, contra los recursos naturales y el medio ambiente, por daños por sobrexplotación al dominio público hidráulico subterráneo; y receptación de aguas usurpadas.
También se ha comprobado la formación de un grupo delictivo en el que aparecen varias personas físicas y jurídicas con el fin de la creación de un entramado de propietarios y agricultores que se dedican a la promoción de cultivos agrícolas de regadío, siendo la mayoría de los terrenos receptadores de la captación ilegal, de cultivo de secano sin autorización de la comunidad de regantes para riego de sus explotaciones agrícolas.
Durante la operación, los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil han contado con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Los detenidos e investigados, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Lorca.
