El juez que instruye el caso por la trama de la prisión de Sangonera, donde ha resultado detenido José Antonio Fernández Lladó, analiza hasta ocho posibles delitos
PACO MARTÍNEZ. Murcia
La investigación abierta por las presuntas irregularidades detectadas en la prisión de Sangonera ha provocado hoy la destitución del hasta ahora director General de Carreteras del Gobierno regional, José Antonio Fernández Lladó, que esta mañana ha comparecido en relación con esta causa y que volverá a ser llamado para prestar declaración ante el juzgado que la instruye.
El juez ha decidido este miércoles por la tarde poner en libertad a los dos detenidos que hasta ahora han prestado declaración; hay otros tres arrestados pendientes de cumplimentar ese mismo trámite. Todos están involucrados en un procedimiento abierto por los delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa y pertenencia a organización criminal, además de fraude a la Administración, falsedad documental y alzamiento de bienes.
La operación se inició a raíz de la denuncia de un preso que reveló que un funcionario de la cárcel de Sangonera cobraba a los reclusos a cambio de conseguirles mejores condiciones dentro del centro. Ese trato de favor iba desde mejorar el menú de sus comidas a facilitar drogas, organizar fiestas e incluso falsificar documentos para que pudieran mantener encuentros sexuales con prostitutas.
La primera consecuencia de este procedimiento ha sido el cese de uno de los investigados, José Antonio Fernández Lladó, como director general de Carreteras. El Gobierno regional lo ha anunciado en un comunicado en el que subraya que las actividades que se investigan están relacionadas "con su esfera estrictamente privada", pero que resultan incompatibles "con la exigencia ética del Gobierno regional". Fernández Lladó es presidente del PP en Alguazas desde 2005. Allí ha sido concejal desde 1995, y alcalde en dos mandatos, entre 2001 y 2005 y de 2007 a 2015
La pieza central de esta operación parece ser un funcionario de la prisión de Sangonera que ocupaba desde hace años el puesto de Jefe de Servicio. Era, en la práctica, el máximo responsable de la prisión en ausencia del director, por ejemplo en los horarios de tarde o noche o durante los fines de semana, y eso le concedía también acceso a cualquier departamento y a todos los funcionarios y presos. Quienes le conocen, lo describen como un individuo muy afable y bien valorado por sus subordinados, a los que solía defender cuando se planteaba algún conflicto con la Dirección.
Pero nos lo presentan también como un manipulador, que se valía de sus buenas relaciones para pedir favores. Por esa vía conseguía hacer llegar cualquier producto a los presos, eludiendo los controles de entrada que ,en teoría al menos, debían analizar el contenido de los paquetes. Esta especie de 'conseguidor' organizaba también encuentros privados entre los presos y prostitutas, acreditando con documentos presuntamente falsificados que se trataba de parejas de hecho legalmente reconocidas. Todo, por lo que nos cuentan, a cambio de un dinero que destinaba a financiar algún tipo de adicción. Esas mismas fuentes descartan la existencia de una red organizada de funcionarios corruptos en la prisión de Sangonera. Hemos pedido valoración a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que ha preferido no pronunciarse mientras se desarrolla la investigación policial. Se han limitado a mostrar su disposición a facilitar toda la información que les pueda ser requerida, y dicen quedar a la espera de lo que pueda derivarse del procedimiento judicial para tomar, en su caso, las decisiones que consideren oportunas.
¿Qué papel juega en todo esto el ya exdirector general de Carreteras? Según cuenta el diario La Verdad, Fernández Lladó habría sido cazado por los investigadores en una conversación telefónica con este funcionario de prisiones que tenía la línea intervenida por orden judicial. El alto cargo de la comunidad autónoma y ex alcalde de Alguazas habría recibido la ayuda de este individuo para resolver un problema fiscal que habría derivado en un delito de falsedad documental cometido en el Ayuntamiento de Alguazas. Se da la circunstancia de que otro de los detenidos en esta operación es el funcionario responsable del registro de entrada en ese ayuntamiento.
El grupo municipal socialista en Alguazas, que está en la oposición, ya ha anunciado que pedirá explicaciones al equipo de gobierno, según el portavoz, Blas Ángel Ruipérez. También ha pedido explicaciones, pero a otro nivel, la portavoz de la ejecutiva socialista, Carmina Fernández. Quiere que el presidente López Miras y el consejero de Transportes, José Ramón Díez de Revenga, den todos los detalles de la actividad de Fernández Lladó y acusa al ejecutivo y al PP de actuar constante y reiteradamente como una trama corrupta.
