La abogada de la Fundación Raíces, Paloma García, muestra su respaldo al nuevo procedimiento que tramita el Gobierno de España pero lo considera corto en garantías
Organizaciones de defensa de la Infancia respaldan el nuevo procedimiento que tramita el Gobierno de España para determinar la edad de menores migrantes no acompañados pero piden más garantías de protección. La Comunidad Autónoma atendió en 2024 a 523 niños y adolescentes solos.
El nuevo reglamento ha iniciado este jueves su tramitación en el Congreso y establece como principal novedad que sean los jueces los que determinen la edad de estos menores, y no la Fiscalía como ocurre ahora. En la actualidad se trata de un procedimiento no reglado y no recurrible que varía en cada comunidad autónoma, no garantiza la asistencia jurídica gratuita, o recurre con frecuencia a pruebas de análisis óseo a través de radiografías, pese al consenso científico sobre su falta de fiabilidad, explica Paloma García, abogada en la Fundación Raíces.
La Plataforma de Infancia, que agrupa a las principales entidades y ongs que defienden los derechos del menor como esta Fundación, apoya el nuevo procedimiento pero considera que se queda corto en garantías. Un ejemplo: sigue sin considerar fiables documentos oficiales como el pasaporte de determinados países.
Fiscalía tramitó en el último año más de 12.000 diligencias para establecer la edad de menores que han llegado solos a nuestro país. Una vez en España, organizaciones como la Fundación Raíces se ocupan de estos adolescentes, que, tras llegar en pateras y calificarse como adultos, dan tumbos de una región a otra sin nadie que los defienda. Fundación Raíces ha tramitado en todo el país más de un centenar de casos en 2024, la mayoría procedentes de la emergencia migratoria de Canarias.
